La Moncloa acusa a Podemos de electoralismo y defiende que la reforma del Código Penal la pilotarán Campo y Marlaska

Un movimiento defensivo e improvisado de los socialistas, que quisieron adelantarse a sus socios de Gobierno para presentar la iniciativa, y los forzaron así a tener que salir detrás. ¿El contexto? Un debate en la opinión pública sobre estos tipos penales y un manifiesto firmado por decenas de artistas después de que la Audiencia Nacional comunicara al rapero Pablo Hasel que tendrá que entrar en prisión al confirmarse su sentencia de nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, y la suma de sus antecedentes.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , ha quitado trascendencia al conflicto con los socios, aunque no ha negado que el movimiento de La Moncloa se debiese a un intento por taponar el intento de UP de capitalizar esta reforma. Montero se ha referido a que «algunas formaciones quieren apadrinar ciertas iniciativas y colocarse en situación de ventaja» en el contexto de la campaña electoral catalana. Una acusación clara de electoralismo. Que también ha servido a Montero para justificar otro asunto, el relativo a las declaraciones de Pablo Iglesias asegurando que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática" en España. Montero primero ha quitado hierro al asunto pero luego ha terminado con un dardo a Iglesias: "Quiero entender que estas declaraciones nacen de un deseo por mejorar la calidad democrática en España y se enmarcan dentro de una campaña electoral", ha dicho.

De vuelta a la disputa por la reforma en el Código Penal, lo que queda claro es que UP había avisado horas antes al departamento de Relaciones con las Cortes, liderado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, de su intención de registrar este martes en el Congreso una «Ley de protección de la libertad de expresión» para derogar los artículos del Código Penal que «atentan contra este derecho fundamental recogido en la Constitución». Ese documento lo han compartido esta mañana.

«Nosotros no hacemos oposición al Gobierno, hemos presentado la proposición de ley después de tener la aprobación de Relaciones con las Cortes , y cuando nos han dado el visto bueno es que los ministerios implicados están de acuerdo», ha explicado uno de los portavoces de UP en el Congreso, Enrique Santiago , durante una rueda de prensa. «Nosotros registramos esta proposición de ley en 2018, pero decayó porque finalizó la legislatura, y volvimos a presentarla en febrero de 2020 siguiendo los mecanismos de coordinación del Gobierno de coalición, pero por la urgencia de la pandemia se retiró. Ahora, ante el caso de Hasel, la volvemos a registrar y exigimos la tramitación urgente», ha añadido.

La Secretaría de Estado de Comunicación informó a las 20.56 horas de ayer que el Ministerio de Justicia prevé reformar el documento para eliminar las condenas de prisión en este tipo de delitos para que se castiguen «con penas disuasorias, pero no privativas de libertad». Fue justo después cuando UP trasladó que ellos también tenían previsto presentar una iniciativa similar. Aunque los socialistas aún no han compartido ningún texto legislativo.

Ambas formaciones han evitado hablar de un conflicto interno a pesar del pulso por liderarlo. «Malestar ninguno», ha dicho el presidente de UP en el Congreso, Jaume Asens . «Nosotros celebramos las palabras del ministro de Justicia porque van en dirección de nuestra propuesta, aunque queremos ir más lejos, su propuesta nos parece insuficiente, pero son una buena noticia sus declaraciones».

«El comunicado no era ninguna propuesta articulada, era una declaración política y rápida, que tiene su lógica viendo que ayer se publicó un manifiesto de artistas preocupados por la situación. Nos congratulamos de que Justicia manifieste su necesidad de reformarlo, pero no hay un texto articulado, pero parece que estamos de acuerdo», ha expresado Santiago, después de ser preguntados por el mensaje de la parte socialista del Gobierno.

Montero ha defendido que lo importante es la «cintura» del Gobierno para poder reaccionar ante determinados acontecimientos, como la sentencia sobre el rapero Pablo Hasel, y que el origen de la iniciativa es lo menos importante y que «lo relevante» es que «un Gobierno progresista se decide y comunica que va a cambiar esta situación».

La portavoz ha dicho desconocer qué iniciativa se conoció primero. Un extremo ya confirmado porque Unidas Podemos avisó a la secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes unas horas antes del anuncio de La Moncloa. Pero, además de marcar distancias por la oportunidad política , la portavoz del Ejecutivo ha defendido que el proceso para encajar esta reforma debe emanar del Consejo de Ministros, por considerarse un procedimiento más garantista , y no a través de los grupos parlamentarios. Defendiendo además el liderazgo en esta iniciativa del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Interior, lo que en la práctica significa que sea el PSOE quien pilote esta reforma. Eso sí, preguntado específicamente por si este planteamiento doctrinal serviría para enterrar la propuesta de establecer un delito de apología del franquismo, Montero ha dicho expresamente que no hay vinculación y que se seguirá adelante.

El Gobierno justifica que, en cualquier reforma del Código Penal, la vocación «es de continuidad» y que por tanto el objetivo es alcanzar «las mayores alianzas posibles». Mostrando así su preferencia por «aquello que se pueda promover desde el Gobierno, asegurando todos los cauces de participación».

La previsión del Gobierno es que esta reforma se incluya en una reforma global del Código Penal, ha explicado Montero, salvo que Justicia quiera imprimir velocidad a esta parte de la reforma. «No hay ningún elemento que permita afirmar que va a estar fuera de la reforma a global del Código Penal. Salvo que Justicia entienda que hay que hacerlo», ha dicho Montero