Plan de choque para frenar las agresiones a los funcionarios en las cárceles

El borrador, recogido por Europa Press, apunta que dentro de la estructura penitenciaria se destinan más de 15.000 funcionarios a tareas propias del área de vigilancia, entre las que se incluyen garantizar el orden y la seguridad interior de los Centros Penitenciarios . Esta parte del personal realizan su actividad con internos que, en un porcentaje elevado, presentan carencias sociales, educativas y culturales, así como una mayor predisposición a desarrollar comportamientos agresivos.

Esto supone un riesgo añadido para los funcionarios de prisiones que tratan directamente con dichos internos. De hecho, el Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que, según sus datos, en el último año se han registrado al menos 220 agresiones de internos al personal funcionario, 54 de ellas graves. «Esto supone una agresión de media cada dos días», avisó el sindicato en un comunicado.

Frente a esto, Instituciones Penitenciarias pone de manifiesto la necesidad de disponer de un Protocolo «específico» de actuación en el ámbito penitenciario considerando que «prevenir y minimizar» las conductas violentas en los centros es una cuestión que «debe abordarse desde una perspectiva integral de seguridad» . El desarrollo del dicho Protocolo frente a la violencia en el trabajo fue acordado por la Comisión del Interior, en su sesión del 18 de Octubre del 2016, respecto a una proposición no de Ley.

El documento tiene como propósito «la mejora constante de la actividad penitenciaria» , así como «el deber de protección de la integridad física de los empleados públicos penitenciario» y de proporcionar espacios de trabajos seguros. El Protocolo se aplicará a todos los empleados públicos de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.