«Pino mandaba en el Ministerio del Interior»

«Se ganó la confianza del ministro y despachaba con él directamente; no una, muchas veces. La percepción era que Pino mandaba en el Ministerio», explica la misma fuente. «Supo ganarse la confianza de Fernández Díaz y a partir de ese momento actuó por su cuenta. No pedía permiso para hacer las cosas ni tampoco se le pedían cuentas sobre sus procedimientos . Simplemente, se suponía que iba a actuar dentro de la ley», añade. El entorno de Fernández Díaz niega esa estrecha relación, pero lo acreditan los testigos a los que recibía el número 2 de la Policía en su despacho de la calle Miguel Ángel con inquietante frecuencia.

El entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, asegura que Pino sí informaba a Ignacio Cosidó (director general de la Policía) siguiendo la cadena de mando, aunque «había cuestiones operativas de las que quizá no informaba».

Pese a sus palabras, en la calle Miguel Ángel era «vox pópuli» que la cadena de mando estaba dinamitada. Es más; todo aquel que tuviera un mínimo de información sobre lo que ocurría en la Dirección General sabía que el director Adjunto Operativo solo informaba a su director de los «asuntos ordinarios»; es decir, de los que se ocupaban las estructuras «formales» de la Policía. El resto quedaba fuera de su control, en parte por decisión propia –siempre se dijo que a Cosidó le repelían ciertos tejemanes del ministerio–, y en parte porque tampoco se contaba con él para esos menesteres.

Dieciséis meses después, el patriota Pino está procesado por el pendrive de origen ilícito aportado a la causa de los Pujol y Anticorrupción ha pedido también su imputación en la operación Tándem por la que el excomisario José Manuel Villarejo lleva un año en prisión . En concreto, en una pieza separada en la que se quiere averiguar si alguien ordenó desde Interior desviar fondos reservados para neutralizar a Luis Bárcenas, en la llamada «operación Kitchen». El Gobierno anunció el viernes que va a aportar al juez Diego de Egea toda la documentación de que disponga sobre este asunto.

Por si fuera poco, otro juez, el que investiga la caja B del PP ha requerido a la Secretaría de Estado de Seguridad que le proporcione toda la información del operativo.

La Policía A y la Policía B vuelven a aparecer; «dos estructuras paralelas», en palabras de varios de los mandos con importantes responsabilidades en esa etapa que tampoco quisieron entrar –o no fueron invitados a ello– en ese juego peligroso. Una era la oficial, la que funciona como un Cuerpo de Seguridad; la otra, la que lo hacía como un club de amiguetes o, en palabras de Anticorrupción, como un «consorcio criminal». Al menos alguno de ellos.

Como ya ocurrió con la llamada «policía patriótica» o policía B, nadie asume las órdenes controvertidas o tal vez –eso se indaga– ilegales, por las que se preguntará a Eugencio Pino. Eso si antes no salen a relucir más nombres y hechos gracias a los ya famosos audios del comisario Villarejo.

Nunca en la historia de la Policía se había dado una situación como la actual con comisarios de máximo rango imputados o encarcelados y apuntando hacia arriba. A Cosidó le sugieren ahora que respalde la «versión oficial», a pesar de no haber jugado papel alguno en lo que allí se cocía . Su «pecado» puede ser el de no haber dimitido por el «ninguneo» con el que era obsequiado, incluso por alguno de sus subordinados, además de Pino. Pero quien conoce un poco cómo se actuaba en Interior sabe que nada decidió, nada ordenó y que de nada fue informado.

Esa «versión oficial» sostiene que no hubo ninguna orden de Interior a Pino, ni de éste a Villarejo o a Enrique García Castaño, «el Gordo», para captar al chófer del extesorero del PP y apoderarse de documentación comprometida. Veremos.

Esas dos policías han estado conviviendo durante años. Villarejo ha focalizado las prácticas más oscuras, pero no es el único . Un antiguo responsable policial del PP aseguró a Fernández Díaz, nada más llegar éste al Ministerio, que ese mando tenía empresas autorizadas por Interior y que no había problema. Eso asegura el entorno del exministro para justificar que defendiera al comisario tras publicarse su millonario patrimonio. Probablemente, si pudiera ahora no lo apoyaría.

El ministro ordenó a Cosidó que abriera una investigación reservada para averiguar si las actividades de Villarejo eran compatibles con ser policía . «Estaba teledirigida», admiten ahora en la Policía, algo que entonces negaron uno tras otro todos los responsables de Interior. Ni la podía hacer un inspector jefe, como ocurrió, (Fuentes Gago, avalista de Pino ante Cosidó por su vinculación al sindicato SPP) ni se sometió a la ley de compatibilidad..

Poco después, se inició en la Comisaría General de Policía Judicial otra investigación sobre el patrimonio del comisario, que asumió y completó Asuntos Internos y fue remitida a Anticorrupción. Desde ahí se envió a la Fiscalía de Madrid y también se quedó en un cajón.

La «herencia recibida» también incluía a García Castaño, «el Gordo», imputado en Tándem como colíder . Cosidó sugirió al llegar al cargo su salida de la Comisaría General de Información. En el PP no se fiaban de él después de que dejara al exdirector de la Policía Agustín Díaz de Mera a los pies de los caballos en el juicio del 11-M. «Se le mantuvo para tenerlo controlado», justifica el entorno del hoy senador; «entonces no había acusaciones concretas contra él, y relevarlo era arbitrario», matizan fuentes policiales. El caso es que no se hizo y ahora se ven los resultados.