El Parlamento de Navarra condena los crímenes y actos de genocidio de ETA

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a la «ejecución de aquellas directrices y medidas necesarias para la inclusión en el material didáctico, a todos los niveles en territorio de Navarra, del relato de los actos de genocidio y los crímenes contra la humanidad de la izquierda abertzale violenta, en cumplimiento de la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Nacional Unidas, de 16 de diciembre de 2005».

PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu presentaron una enmienda de sustitución, no aceptada por Navarra Suma, titular de la iniciativa, emplazando al Parlamento de Navarra a «condenar de forma rotunda y expresa los crímenes cometidos por la banda terrorista ETA y a mostrar su solidaridad con todas sus víctimas». En ese contexto, se asumía el compromiso de «seguir trabajando en políticas públicas de memoria que deslegitimen la violencia ejercida y el terror ocasionado a una generación entera, políticas que no olviden a las víctimas y que sigan avanzando en el camino de la justicia, el reconocimiento y reparación de las víctimas».

Además, se emplazaba al Ejecutivo Foral a «continuar con las actuaciones emprendidas a través del programa Escuelas con Memoria para la Paz y la Convivencia, a fin de dar a conocer la realidad del terrorismo de ETA y promover un sistema educativo basado en el no empleo de la violencia para resolver conflictos».

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Navarra Suma reivindica la vigencia de una declaración institucional en la que, a finales de la legislatura 2011-15, el Parlamento de Navarra condenaba «de forma rotunda y expresa la violencia terrorista de ETA», con el propósito de dejar patente la «obligación de recordar qué supuso ETA y su entramado», en un momento en el que «se impone el relato de blanqueamiento y justificación de los orígenes y actos de la banda terrorista». El grupo proponente entiende que, «con centenares de crímenes todavía sin resolver, no resultan asumibles ni la equiparación de víctimas y asesinos, ni la generalización de la idea de que hubo un conflicto armado con el Estado y sus cuerpos de seguridad».