Otro comité opaco: Sánchez oculta la identidad de los miembros de su 'ministerio de la verdad'

Para negarse a hacer pública la identidad de los miembros de este comité, el Ejecutivo se sirve de una táctica que ya empleó anteriormente en un caso similar. Como ocurrió con el comité de expertos del coronavirus, La Moncloa se escuda en que este grupo está formado por funcionarios que son escogidos por los distintos departamentos a los que pertenecen para acudir a las sucesivas reuniones. De hecho, indica que la nómina de asistentes puede variar en cada cita en función de las necesidades. Así lo expone María Hilda Jiménez, vicesecretaria general del gabinete de Presidencia, en la respuesta que da a ABC después de que este diario solicitara la composición del órgano a través de los mecanismos de Transparencia.

«Este trabajo es desarrollado por empleados públicos profesionales que sirven con objetividad los intereses generales en el normal desarrollo de sus funciones», manifiesta la vicesecretaria general de Presidencia, que acto seguido insiste en que «el procedimiento [contra la desinformación] hace alusión a órganos y organismos que en cada reunión son representados por funcionarios o personal laboral conocedores del tema a tratar en cada caso». Este diario, pese a lo escueto de la respuesta, solicitó la relación completa de altos cargos o cualquier otro personal público que haya participado en estas reuniones.

La Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, establece las funciones de este comité, así como los distintos gabinetes que están representados en las reuniones que celebra la Comisión Permanente contra la Desinformación. A este grupo de expertos, según el texto normativo arriba citado, le corresponde una tarea clave, como es «la valoración técnica y operativa de posibles campañas de desinformación».

El órgano está coordinado por la Secretaría de Estado de Comunicación, que dirige Miguel Ángel Oliver, uno de los hombres de confianza de Sánchez y que depende directamente del jefe de gabinete de Presidencia, Iván Redondo . Además, lo integran representantes adscritos al Departamento de Seguridad Nacional, que depende de Presidencia; del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incardinado en Defensa; del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; de la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes del Ministerio de Asuntos Exteriores; y de la secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Aunque Presidencia remarca en su estrategia para ocultar la información que la comisión la forman funcionarios procedentes de estos gabinetes, no hay forma de comprobar que es así, ya que no facilita el más mínimo dato para su identificación. Y eso pese a que hay precedentes en los que la Administración, finalmente y después de meses de excusas, tuvo que plegarse y conceder una información similar.

El Consejo de Transparencia, en su resolución 492/2020, fechada a principios de noviembre del año pasado, da la razón a un ciudadano que solicitó conocer la identidad de los miembros de dicho comité que asesoró a Fernando Simón durante la desescalada. Entre los argumentos jurídicos esgrimidos por el Consejo figura el artículo 15.2 de la ley de Transparencia , que enuncia lo siguiente y que podría aplicarse en este caso: «Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano».

La falta de transparencia de la que hace gala el Gobierno cuando se le pregunta por el 'ministerio de la verdad' llega sólo unas semanas después de que Estados Unidos denunciara, a través de su informe sobre los Derechos Humanos y como avanzó ABC, las presiones del Ejecutivo, precisamente, contra los medios de comunicación incómodos para sus intereses.

La creación de un mecanismo para controlar las campañas de desinformación o las 'fake news' desde el poder Ejecutivo despertó un importante rechazo cuando, en el mes de noviembre del año pasado, el Gobierno introdujo en el BOE este nuevo procedimiento con el que se arrogaba la capacidad de monitorizar de las campañas de desinformación. Las asociaciones de periodistas rápidamente salieron al paso de esta iniciativa y alertaron de que podía comprometer la libertad de prensa. Meses después, pese a las críticas, las sombras y la falta de transparencia todavía envuelven a este polémico organismo. Y Sánchez no parece estar muy por la labor de arrojar luz sobre su 'ministerio de la verdad'.