El líder del PP, Pablo Casado, inauguró en Málaga la 24 Unión Intermunicipal Popular - EFE | Vídeo: Arrimadas critica la «llamada de gracia» de Sánchez a los independentistas (EP)

Ofensiva parlamentaria de PP y Ciudadanos contra el Gobierno por «presionar» a la Abogacía

Cs sigue al PP y registra en el Congreso un debate sobre el indulto a los soberanistas

MadridActualizado:

El Partido Popular y Ciudadanos reaccionaron ayer con dureza contra el escrito de la Abogacía General del Estado que no acusa de rebelión a los encausados del «procés», sino por malversación y sedición. Los partidos de la oposición denunciaron que el cambio de criterio es un gesto a los partidos soberanistas, que negocian su aval a los presupuestos exigiendo a La Moncloa beneficios judiciales para sus políticos presos.

El líder del PP, Pablo Casado, acusó, en un acto en Málaga, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presionar al órgano dependiente del Ministerio de Justicia. Casado recriminó a Sánchez que «los delitos que han podido cometer los independentistas se están encontrando con la inacción o complicidad del Gobierno de España, que no sólo no hace nada, sino que encima entorpece la labor».

Según denunció el popular, la Abogacía del Estado tiene «excelentes profesionales que están abochornados». El líder del PP, asimismo, aseveró que su partido no tolerará que Sánchez «ponga en jaque la dignidad de España por mandato de los golpistas».

En este contexto, el Partido Popular solicitó la personación del presidente del Gobierno en la Cámara Baja para que explique las «directrices» que el Ejecutivo «ha impuesto» a la Abogacía General del Estado. Pero los populares, además, redoblaron la ofensiva parlamentaria registrando la comparecencia urgente en la Comisión de Justicia de la ministra Dolores Delgado, así como de la abogada general del Estado, Consuelo Castro.

Desde Ciudadanos también anunciaron que pedirán la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que explique «porqué está utilizando a la Abogacía del Estado para beneficiar a los que dieron un golpe a la democracia».

El líder de Cs, Albert Rivera, acusó en Twitter al presidente del Gobierno de pretender «tomar el pelo a todos los españoles» y de ser el «abogado defensor de los golpistas».

Ciudadanos registró una proposición no de ley en la que insta a La Moncloa a «no conceder el indulto, ni ninguna otra medida de privilegio, a los que resulten responsables del golpe separatista cometido en Cataluña».

El objetivo de Cs con este movimiento es forzar al Gobierno a retratarse. Las proposiciones no de ley no tienen carácter vinculante, pero su fuerza reside en que provocan el debate y votación de una cuestión, forzando a todos los grupos políticos a posicionarse. Sirve también para determinar si existen mayorías políticas para impulsar un determinado cambio legal.

Sin indultos a soberanistas

De hecho, la formación naranja se suma así a la ofensiva del PP, que en septiembre del año pasado registró una enmienda a la reforma de la Ley del Indulto para prohibir que esta medida de gracia pueda concederse a condenados por rebelión o sedición. Sin embargo, el PSOE ha estado ralentizando los trámites parlamentarios junto a ERC con un doble objetivo: evitar pronunciarse sobre este cambio legal y frenar su aprobación. No existe, por tanto, una estimación concreta sobre en qué fecha esta reforma legal será elevada el Pleno.

Cs tiene previsto priorizar ahora su texto y elevarlo a debate en cuanto sea posible, aunque solo quedan ya cuatro Plenos donde esta iniciativa podría debatirse antes de que acabe el actual periodo de sesiones (diciembre). En todo caso, fuentes de Ciudadanos aseguran que el texto llegará al Pleno «antes de que Sánchez pueda consumar su plan de indultar a los responsables del golpe a la democracia».

En clave más general, el partido que preside Rivera propone también que el Congreso declare que el principio de igualdad ante la ley «exige desterrar cualquier atisbo de impunidad en el comportamiento de los responsables políticos que deberán responder ante los tribunales por los posibles delitos cometidos como cualquier ciudadano, sin disfrutar de privilegios derivados de conveniencias políticas».