Correa atribuye la iniciativa de la financiación ilegal del PP de Valencia a Ricardo Costa

A preguntas del abogado del Estado, Correa ha concretado y ha apuntado a Ricardo Costa, el antiguo secretario general del PP valenciano y también acusado en esta vista oral. Esta confesión, junto con el reconocimiento de los pagos por nueve empresarios, complica la defensa de Costa, quien se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión. El cabecilla ha relatado que Pablo Crespo, el número dos de la trama, le comentó que fue Costa, en una reunión, quien le exigió que los servicios electorales se ocultasen en facturas falsas . Costa tendrá la oportunidad de aportar su versión cuando sea su turno para declarar.

Correa, que ya buscó sin éxito un acuerdo con la Fiscalía en el juicio por la primera época de la Gürtel , ha asumido «toda la responsabilidad» por las actividades de la red corrupta en Valencia, aunque se ha desmarcado de la gestión del día a día del entramado y ha olvidado muchos detalles. El cabecilla ha vuelto a presumir del carácter «pionero» de sus empresas, que según él trabajaron con «setenta multinacionales de primer orden» y ha defendido que lo que el abogado del Estado llama cohecho es solo una labor de lobby. Con su show habitual, Correa no ha aportado mucha luz sobre lo que sucedió, pero ha asumido errores. «Todas las facturas que hemos emitido han sido trabajos reales hechos para el Partido Popular, ninguno inventado», ha asegurado en un último apunte durante el interrogatorio de la fiscal, Miriam Segura.

Al explicar cómo nació la filial de la trama en Valencia, Orange Market, el cabecilla ha asegurado que fue Francisco Camps quien propuso a Álvaro Pérez, alias el «Bigotes», que la Gürtel trabajase en Valencia, cuando se le cerraron las puertas de Génova, del PP de Madrid. Aun así, Correa ha defendido que sus empresas obtuvieron «muy pocas adjudicaciones» de la Generalitat Valenciana gobernada por Camps, lo que provocó su enfado con el «Bigotes». «Es importante que esto se sepa», ha insistido el acusado, quien ha vuelto a declarar que su entramado de empresas, considerado ilegal por la justicia, no nació para delinquir.

A pesar de que se atribuye a sí mismo toda la responsabilidad, Correa ha señalado que él no iba por Valencia, a pesar de lo que la opinión pública cree. Con esta supuesta confesión, el cabecilla de la trama busca un acuerdo con la Fiscalía que suavice su futuro penitenciario. El Ministerio Público, que en un principio solicitaba 22 años de cárcel para él, abrió la puerta en la primera sesión a esta rebaja para Correa , quien se encuentra en prisión preventiva, condenado a 13 años por amañar contratos de Fitur de Valencia.

Con la boca pequeña, nueve empresarios han reconocido este martes que financiaron de forma irregular tres campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en la era de Francisco Camps . Todos ellos han manifestado en el juicio oral –el momento de la verdad– que abonaron un total de 1,2 millones de euros a la formación política para sufragar ilegalmente actos electorales de las campañas de los comicios municipales y autonómicos de 2007, y de las generales de 2008. La confesión supone el reconocimiento de los pagos en negro al Partido Popular y allana el camino a una sentencia condenatoria.

Los empresarios (Gabriel Alberto Batalla, Enrique Ortiz, Vicente Cotino, Enrique Gimeno, Antonio y Alejandro Pons, Rafael y Tomás Martínez Berna) han abierto este martes el turno de interrogatorios del juicio por la financiación ilegal del PP valenciano, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, entre las fábricas de un polígono industrial. La secuencia ha sido la misma: los empresarios han reconocido los hechos de la acusación leídos por la fiscal del caso, con palabras escasas, sin aportar ninguna explicación ni responder a las defensas de los otros acusados.

Esa confesión supone reconocer que estos empresarios asumieron el pago de 1,2 millones de euros que el PP valenciano debía a la empresa Orange Market, parte del entramado de la red corrupta Gürtel . Esta firma, controlada por el acusado Álvaro Pérez, alias el «Bigotes», se encargó de organizar mítines electorales para el partido y de controlar la inserción de publicidad en vallas, autobuses o medios de comunicación. Parte de estos servicios fueron abonados por grupos empresariales bajo facturas falsas.

El objetivo de la estratagema era ocultar la identidad de los pagadores , pues estos grupos no podían hacer donaciones al PP al tener relaciones contractuales con la administración pública, y superar el límite permitido para gastos electorales. En total, la Gürtel sufragó 2,031 millones de euros entre las tres campañas electorales. Las facturas relataron servicios supuestamente llevados a cabo por Orange Market a favor de estas empresas, unos trabajos que en realidad no existieron. Las empresas, además, tributaron estos pagos ante la Agencia Tributaria para obtener una rebaja que no se correspondía con la legalidad.

A cambio de esta confesión, Anticorrupción ha rebajado su petición de pena para los nueve empresarios , que gracias a este acuerdo esquivarán la cárcel. El Ministerio Público, que les atribuye delitos electorales y de falsedad documental, solicita para ellos penas inferiores a los dos años de prisión, y propone que las condenas sean sustituidas por una multa. Estos empresarios han sido los primeros en ser interrogados.

Anticorrupción acusa en total a diecinueve personas -entre empresarios, antiguos altos cargos del PP valenciano y miembros de la Gürtel-, a quienes también acusa de delitos fiscales. La Fiscalía solicita 27 años de prisión para el «Bigotes», y 22 años para Pablo Crespo y Francisco Correa. Éste último, el cabecilla de la red corrupta, reconocerá los hechos en su declaración en busca de un pacto, que suavice su pena. Las confesiones complican la defensa de los antiguos altos cargos del PP valenciano, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla, que se enfrentan a siete años y nueve meses de cárcel, y seis años y seis meses.