La nueva reforma exprés para conseguir ya el control del TC desembarca en Europa

Jueces, juristas y profesionales de la sociedad civil denuncian en la Eurocámara el «absoluto desprecio a los principios del Estado de derecho en España»

Fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid

27/06/2022 a las 12:40h.

Plataforma Cívica por la Independencia, asociación que aglutina a más de un centenar de juristas y otros profesionales de la sociedad civil en la defensa del Estado de derecho y de la independencia judicial, ha llevado al Parlamento Europeo la nueva reforma con la que se pretende devolver al Consejo General del Poder Judicial la competencia de nombramientos sólo en lo que respecta a los dos magistrados que le corresponde elegir para el Tribunal Constitucional. A su juicio, la nueva proposición de ley, en la que el Gobierno se corrige a sí mismo, constituye un ataque a la separación de poderes al pretender el control gubernamental del máximo intérprete de la Constitución, un movimiento más del «sometimiento de la justicia a la política con absoluto desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y a la normativa de las instituciones europeas«.

En un escrito presentado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en el que amplían su denuncia de marzo del año pasado relativa también a esta «intromisión» en el poder judicial, Plataforma Cívica por la Independencia insta a la adopción de cuantas medidas considere adecuadas, entre ellas acudir a la Comisión Europea, al Consejo de Europa, a la Comisión de Venecia o al Parlamento español, para impedir que este nuevo ataque se consume.

«Nos encontramos ante una reforma legislativa 'ad hoc' que obedece exclusivamente a un interés político del Gobierno para que haya una mayoría afín en el Tribunal Constitucional durante varios años (al menos, hasta la siguiente renovación en tres años) que pueda validar totalmente la constitucionalidad de las normas aprobadas por el Gobierno y convalidadas por las Cortes Generales en las que el Ejecutivo tiene mayoría o aprobadas directamente por éstas gracias a la mayoría que consiga el Gobierno«, señala el texto. Para que se lleve a cabo la renovación de los cuatro magistrados del TC cuya elección corresponde al Ejecutivo (dos) y al CGPJ (dos) es necesario que el órgano de gobierno de los jueces pueda llevar a cabo sus nombramientos, lo que la ley aprobada el pasado año le impedía.

Al igual que pasó con aquella reforma, recuerda la plataforma de juristas, esta también se tramita como proposición de ley del Grupo parlamentario que sustenta al Gobierno en lugar de como proyecto de ley, lo que implicaría cumplir un proceso más laborioso: redacción de un anteproyecto, sometimiento a consulta pública y a audiencia e información pública, elaboración de una memoria de impacto normativo y recabar informes de otros órganos, como el Consejo de Estado o el propio CGPJ.

Prescindiendo de informes

«Se pretende tramitar por el procedimiento de urgencia y aprobarse en apenas un mes, reduciéndose extraordinariamente los plazos parlamentarios habituales y omitiéndose el preceptivo trámite de previa audiencia que debe otorgarse a todos los sectores implicados (...), exigencia establecida por las instituciones europeas«, apunta. Más allá de que la designación de los doce miembros del Tribunal Constituciona l «no cumpla los estándares europeos exigidos en materia de independencia (pues su designación se hace 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el CGPJ, cuyos 20 vocales son elegidos formalmente por las Cortes pero, de hecho, lo son por el Gobierno y el principal partido de la oposición), hay que tener en cuenta que según la propia ley que regula el TC éste, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales».

El control de la justicia

A juicio de Plataforma Cívica, «es claro el objetivo pretendido»: controlar los nombramientos de altos cargos judiciales por el CGPJ y de los miembros del Tribunal Constitucional y evitar controles a la actuación del Gobierno (o que éstos solo sean aparentes) y, por tanto, que el Ejecutivo tenga mayor margen de actuación y pueda actuar sin apenas límites.

«En España estamos asistiendo a un intenso ataque al sistema institucional actual con desprecio absoluto a principios básicos como el de separación de poderes, siendo máximos los intentos por influir políticamente en la designación de miembros del Tribunal Constitucional y de vocales del CGPJ o, como se aprobó por Ley Orgánica 4/2021 de 29 de marzo, de limitar las funciones del CGPJ cuando se encuentra con mandato prorrogado impidiendo que se puedan realizar nombramientos de altos cargos judiciales, que parece ser es lo que más interesaba a los que aprobaron dicha reforma pues lo cierto es que, más allá de la designación de los vocales del CGPJ, lo que interesa es poder controlar el nombramiento de dichos cargos discrecionales: magistrados que resuelvan sobre procedimientos contra aforados como altos cargos de gobierno, diputados y senadores, sobre procedimientos contra las administraciones«, señala el texto.

Colapso por vacantes

Recuerda, además, que en el día a día la limitación de funciones que se aprobó el pasado año está impidiendo cubrir vacantes en el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, llevando a Salas y Tribunales desbordados y colapsados al no contar con plazas cubiertas y no poder asumir el trabajo existente, lo que lleva a mayor retraso en la resolución de asuntos.

Plataforma Cívica considera paradójico que se acometan estas reformas exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar las facultades del CGPJ con mandato prorrogado y para que pueda nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, y en cambio no se proceda a la reforma de esta misma ley para modificar el sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial para que sean nombrados por la propia carrera. «Es gravísimo, pues todo ello supone un verdadero asalto a la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y a la separación de poderes, pilares básicos de un Estado de Derecho, uno de los valores en que se fundamenta la Unión Europea y que deben cumplir sus Estados miembros, según los artículos 2 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE)».

La plataforma pide que la Comisión Europea lleve a cabo una investigación preliminar sobre lo expuesto e informe si la nueva reforma legislativa proyectada para permitir el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional por el CGPJ en funciones, para que a su vez pueda hacerlo el Gobierno, respeta o infringe, en cuanto a su contenido y/o su tramitación, la normativa europea; que se remita la petición a otras comisiones del Parlamento (como la de Asuntos Jurídicos y la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) para su información y para que inicien otras actuaciones en el marco de sus actividades legislativas.

También solicita que se inste al Parlamento Europeo a pedir informes a la Comisión de Venecia, al Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) sobre dicha reforma legislativa y a que se aperciba al Parlamento español a que, previamente a la aprobación de cualesquiera reformas que afecten al CGPJ y/o al sistema judicial, su planta, funcionamiento o al procedimiento, den audiencia al CGPJ español y a todos los agentes afectados por la respectiva reforma (asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia). Pide también que con carácter previo a la apertura de un procedimiento de infracción contra España por vulneración de la normativa comunitaria, se activen mecanismos de alertas para constatar la vulneración y los riesgos existentes.

Entretanto, las asociaciones judiciales continúan reaccionando ante la reforma que pretende desbloquear solo parcialmente la competencia del CGPJ para hacer nombramientos. Si desde el propio órgano de gobierno de los jueces y las principales asociaciones judiciales ya se criticó este uso partidista de la ley, este lunes Foro Judicial Independiente sostiene que esta maniobra «deteriora» la imagen del Tribunal Constitucional« y »desprecia« al CGPJ (al devolverle únicamente la capacidad de hacer los nombramientos que le interesan al Gobierno) y «solivianta» al TS, que está trabajando con un 20 por ciento de sus plazas vacantes.

Recuerda esta asociación que este movimiento del Gobierno, que se produce tan solo una semana después de la visita de la vicepresidenta de la Comisión Europea a España, supone que quien gana las elecciones en España, se gana el derecho a intervenir políticamente el poder judicial mediante el control del CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional.

Sostiene también que esa reforma exprés demuestra que «si hubiese voluntad real, se podría reformar la LOPJ en un plazo relativamente breve, para modificar el sistema de elección de vocales del CGPJ«. «Una vez más, FJI hace un llamamiento al resto de asociaciones judiciales para que no colaboren de ningún modo en un proceso de renovación del CGPJ que no cumple la normativa europea sobre separación de poderes», señala.