JpC no renuncia a aprobar la ley «ilegal» de la presidencia

El órgano consultivo señala que es inconstitucional y antiestatutario (vulnera artículos del Reglamento del Parlamento catalán y del Estatuto y la Constitución) que la reforma planteada se tramite y apruebe «por el procedimiento legislativo excepcional de lectura única» -que acorta los plazos notablemente-, que el candidato a presidir la Generalitat no esté presente en el hemiciclo durante el debate y votación en la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña y que las reuniones del Consejo Ejecutivo del gobierno catalán se puedan celebrar fuera de Cataluña. El CGE solo ve viable -aunque recomienda «reformular» el redactado- que el gobierno catalán pueda utilizar «medios telemáticos» para sus reuniones, pero, eso sí, exige a los legisladores que concreten «el quórum necesario para la válida constitución de las sesiones del gobierno».

En cuanto al aspecto nuclear de la propuesta de reforma, el CGE, en los fundamentos jurídicos del dictamen, recuerda que el debate de investidura no puede realizarse «con la presentación del programa hecho por escrito en ausencia del candidato», que es una de las opciones con las que JpC trabaja para que Puigdemont se convierta en presidente ya que está fuera del país y buscado por la Justicia española. De la misma manera, tampoco el consejo consultivo tampoco valida una investidura mediante «medios telemáticos», ya que el Reglamento parlamentario «no prevé actualmente la utilización de estos medios para la investidura ni tampoco para la celebración de otros debates».

En resumen, los expertos juristas que forman el CGE y firman por unanimidad el dictamen -cuyo ponente ha sido Àlex Bas Vilafranca, que fue asesor de CiU- fijan que una investidura es «esencialmente personal y presencial» y, por lo tanto, no cabe, para este tipo de decisiones parlamentarias, «el supuesto del mecanismo de delegación».

Pese a la contundente opinión del CGE, Eduard Pujol, portavoz adjunto de JpC, reaccionó defendiendo que su formación «no renuncia» a investir a Puigdemont y señaló que el dictamen del órgano consultivo «no se aguanta por ninguna parte».

Pujol criticó al CGE y, también, al Tribunal Constitucional (TC) , que ayer al mediodía cerró la puerta legal a que Puigdemont pueda ser investido, al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno en enero.

«Entendemos que lo que quiere el TC es prohibir la investidura de un candidato pero esto afecta al conjunto de los 135 diputados, a los que votarían a favor y a los que lo harían en contra », indicó Pujol; que añadió: «Aunque quieren que renunciemos a la investidura de Puigdemont, comunicamos a los ciudadanos que, de entrada, nosotros no renunciamos a ella». Para JpC, detrás de las decisiones del TC y del CGE hay «una actitud política».

Coincidiendo con la decisión del CGE y del TC, Roger Torrent (ERC), presidente del Parlamento catalán, convocó, ayer, un pleno para el próximo 3 de mayo, en cuyo orden del día figura la aprobación de la reforma, propuesta por JpC, de la Ley de presidencia de la Generalitat y del Govern. Está por ver, ahora, si, tras el varapalo del CGE, JpC, ERC y la CUP aprieban la norma.