Montoro: «Si no sube la recaudación está en riesgo el pago de nóminas»
El titular de Hacienda afirma que «los funcionarios saben que no hay dinero y son los primeros dispuestos a sacar España adelante»
L. L. C.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido este miércoles la necesidad de adoptar medidas de ajuste que afectan a la función pública invocando sin disimulos un argumento: «No hay dinero en las arcas públicas», y si no sube la recaudación «estamos en riesgo de ( ... no poder) pagar», lo que –ha recordado– ya está «ocurriendo en las Comunidades Autónomas y en las Corporaciones locales».
Montoro ha dado esta explicación en respuesta a la diputada del Grupo Socialista Meritxell Batet, que en la sesión de control celebrada esta mañana en el Parlamento ha denunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy está « estigmatizando» y «degradando» a los funcionarios «para ocultar que no tienen propuesta ni proyecto».
Frente a lo que ha llamado «demagogia» y «aspavientos» de la representante del PSOE, Montoro ha advertido que «ellos (los empleados públicos) son los primeros que saben que no hay dinero, y son los primeros que en el trabajo de cada día, y en su predicamento, están dispuestos a sacar a España por delante». Y, dirigiéndose al principal Grupo de la oposición, ha añadido: «En eso debería ayudar el PSOE: a explicar que en la función pública no hay dinero, y cuando no lo hay, hay que extender la jornada laboral», una de las medidas que ha tomado el Ejecutivo para intentar optimizar los recursos humanos de que dispone la Administración.
Ante una pregunta del diputado socialista Pedro Saura, Montoro también ha asegurado hoy en el Congreso que el Gobierno ha subido el I VA para poder pagar unos servicios públicos «extremadamente deficitarios», no para costear el rescate al sistema bancario.
El ministro de Hacienda, por otro lado, ha cuantificado en 6.000 los liberados sindicales de la administración pública que deberán volver a su puesto de trabajo , 2.000 de ellos de la administración central. Suponen un 66% de los liberados del total de las administraciones. En la administración general del Estado quedarán así sólo 1.000 trabajadores dedicados por completo a labores sindicales.
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