Moix fracasa en su intento de apartar al fiscal del caso Lezo

Carlos Iáñez es el mismo fiscal que, 24 horas antes de que se llevara a cabo la operación contra la corrupción del Canal de Isabel II , recurrió al Estatuto Fiscal al estar en desacuerdo con su jefe. Moix pretendía limitar los registros previstos , entre ellos el de la sede del Canal, frente al criterio de los dos fiscales encargados del caso, el mencionado Iañez y Carmen García. La Junta de Fiscales apoyó a sus dos compañeros y Moix tuvo que aceptar la decisión mayoritaria.

Tras conocerse lo sucedido, la Fiscalía General del Estado emitió una nota oficial en la que calificaba de meras discrepancias técnico-jurídicas » la situación planteada, pero lo cierto es que según las fuentes consultadas por ABC, la operación -o parte de ella- llegó a peligrar solo unas horas antes de producirse la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras ocho personas.

En una nota de prensa, la Fiscalía Especial contra la Corrupción aclara que Moix no ha cesado a Iañez, como sugerían las primeras informaciones aparecidas en los medios de comunicación, ni tampoco le ha apartado de la investigación. «De hecho -dice el comunicado-, el propio fiscal jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta Fiscalía, renovación que ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado».

Moix se ha visto involucrado en los últimos días en varias polémicas. Después de ponerse en duda su papel en el caso lezo, al intentar devaluar la operación, anunció que retiraba del caso 3 por ciento a los dos fiscales que desde el primer minuto llevaron el caso, un movimiento que retrasará varios meses el curso de la investigación . Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo fueron relevados por Teresa Duerto y Fernando Maldonado.

En Anticorrupción hay perplejidad ante algunas de las actuaciones que se están viviendo desde la llegada de Manuel Moix a la Fiscalía. Ayer martes volvió a sorprender cuando en una entrevista reconoció que los investigadores habián colocado micrófonos en el despacho de Ignacio González.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC aseguran que, en el mejor de los casos, es una temeridad que el fiscal jefe Anticorrupción -en realidad, cualquier representante del ministerio público- confirme la utilización o no de una técnica de investigación. Incluso, puede haber quien lo interprete como una « revelación de secretos », porque la causa está sometida aún a esa condición y él es un funcionario público especialmente obligado a guardar silencio y sigilo sobre un asunto del que conoce en razón de su cargo.

La oposición parlamentaria ha cargado duramente contra los ministros de Justicia e Interior por las nuevas revelaciones del caso Lezo, que incluye un mensaje de Rafael Catalá a Ignacio González en el que le desea que «se cierren los líos», pero tanto Catalá como Juan Ignacio Zoido han negado «injerencias» en la investigación.

PSOE y Podemos han pedido la dimisión del ministro Catalá, a quien cuestionan tanto por ese mensaje como por la actuación del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, quien ayer defendió su actuación en el caso y dejó claro que no piensa dimitir.