El gobierno andaluz admite un fraude generalizado en la tramitación de los ERE

Reconoce 37 nuevos casos de personas que reciben indebidamente dinero de la Consejería de Empleo tras analizar sólo una veintena de expedientes

EFE

MANUEL CONTRERAS

08/02/2011
Actualizado 09/02/2011 a las 10:50h.

Tras varias semanas restando importancia a las irregularidades denunciadas en la Consejería de Empleo, la Junta de Andalucía admitió ayer que la inclusión indebida de personas entre los beneficiarios de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) era una práctica generalizada. Según reconoció la consejera ... de Presidencia, Mar Moreno, en el análisis de veinte expedientes que actualmente permanecen en tramitación se han localizado 37 «intrusos» —entre los que no se incluyen los dos detectados en los ERE de Mercasevilla de 2003 y 2007, Carmen Fontela González y Antonio Garrido Santollo—. Dado que actualmente hay otros quince expedientes «vivos» todavía sin analizar y que este sistema se aplica desde hace una década, es fácil imaginar que el número total de beneficiarios indebidos sea muy superior.

Entre estas personas que presuntamente cobraron irregularmente ayudas de la Consejería de Empleo figuran altos cargos socialistas. Preguntada en la rueda de prensa matinal por la sospecha expresada la víspera por el PP de que pudiera haber dirigentes del PSOE entre los beneficiarios, la «número dos» del Gobierno andaluz eludió confirmar o desmentir ese dato. Ya por la tarde trascendía que entre estos beneficiarios se encontrarían al menos un ex alcalde socialista, un ex delegado provincial de la propia Consejería de Trabajo y un ex delegado del Gobierno.

Por si fuera poco, las presuntas irregularidades fueron detectadas por los mecanismos de control de la propia administración, pese a lo cual el Gobierno andaluz mantuvo el procedimiento activo y sin cambio alguno. Así, la consejera de Presidencia también admitió que la Intervención General de Hacienda expresó en varios informes a partir de 2005 su disconformidad con el procedimiento utilizado por la Junta de Andalucía de transferencia de fondos de empleo, pero el Ejecutivo andaluz hizo caso omiso de la indicación y mantuvo el dudoso protocolo de actuación.

Moreno deslizó la responsabilidad hacia escalones inferiores, señalando que la decisión sobre el procedimiento —la transferencia de financiación de explotación— fue de carácter «técnico-político, que son las que toman las direcciones generales».

De hecho, la consejera insinuó que los abusos no corresponden a fallos del sistema, sino a actuaciones particulares en ese nivel administrativo. «Si alguien se salta los controles no es una falta de control. Lo que falla aquí es que alguien ha decidido beneficiarse de fondos públicos y vamos a llegar hasta el final de este asunto». Concretamente, Moreno vinculó todos los casos detectados a la época en la que Javier Guerrero, el ex director general de Empleo, denunció a la Policía Judicial la existencia de un «fondo de reptiles» de 647 millones para pagar ERE.

En cualquier caso, la admisión por el Gobierno de esta concatenación de irregularidades abre las puertas a una crisis política de primera magnitud en la Junta de Andalucía, una comunidad en la que el desempleo es un problema endémico y cuyo Ejecutivo deberá explicar en las próximas semanas el presunto uso fraudulento de las ayudas sociolaborales. El titular de Empleo, Manuel Recio, comparecerá la próxima semana en el primer Pleno del Parlamento del nuevo periodo de sesiones para informar.

Ayer, Moreno insistió en la predisposición de la Junta a colaborar con la investigación, señalando que «la obligación de la Junta es ponerlo en conocimiento de la justicia» —ayer se remitieron los expedientes al Juzgado número 6 de Sevilla—, así como iniciar el procedimiento para la personación de la Junta en las actuaciones, «presumiblemente en calidad de perjudicada», sugirió. Insistió en que el Gobierno andaluz respalda las políticas de ayudas sociales y económicas a los trabajadores y empresas en crisis que se han realizado durante los últimos años. «Hoy son más de 6.000 los trabajadores que perciben ayudas para su prejubilación», resaltó la consejera de Presidencia.