Juicio contra Matas por el caso Palma Arena
Juicio contra Matas por el caso Palma Arena - EFE

Matas reconoce que él decidió contratar a Calatrava para el proyecto de un futuro palacio de la ópera

El expresidente balear, que se vuelve a sentar en el banquillo, se desliga de la tramitación administrativa de esta iniciativa frustrada

Palma de MallorcaActualizado:

El expresidente del Gobierno balear Jaume Matas ha vuelto a sentarse de nuevo en el banquillo, por segunda vez en las dos últimas semanas. La Audiencia Provincial ha acogido este martes el juicio por la pieza separada número 3 del caso Palma Arena, conocida como el caso Ópera. Dicha causa trata sobre la presunta contratación irregular del arquitecto Santiago Calatrava para que en 2007 elaborase un anteproyecto para la construcción de un futuro palacio de la ópera en Palma. Matas ha reconocido ante el tribunal que fue él quien decidió contratar a Calatrava, si bien se ha desligado del proceso de tramitación administrativa de esta iniciativa finalmente frustrada.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, solicita un año y tres meses de cárcel para el expolítico popular, por un presunto delito de tráfico de influencias, así como diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por un supuesto delito de prevaricación. El Ministerio Público pide también el abono de 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Calatrava fue contratado por Matas de forma directa, sin la convocatoria de un concurso público ni tampoco de un procedimiento negociado. El Govern tuvo que pagar en su momento 1,2 millones de euros por el citado anteproyecto y por dos maquetas, a pesar de que el proyecto en sí de un palacio de la ópera no llegó a ejecutarse nunca. Según la Fiscalía, habría sido Matas quien ordenó personalmente la contratación de Calatrava y también quien habría fijado el montante económico que debería percibir el arquitecto.

Proyecto frustrado

En la vistilla previa al juicio, celebrada en abril de este año, Matas mostró su disposición a reconocer que se habrían cometido irregularidades en la contratación de Calatrava, si bien también anunció que no iba a aceptar la pena solicitada por la Fiscalía, en especial en lo relativo al importe a abonar como responsabilidad civil. La falta de acuerdo con Anticorrupción en abril supuso que finalmente haya tenido que celebrarse ahora el juicio.

Cabe recordar que en el tramo final de su segunda legislatura como presidente, Matas anunció en abril de 2007 que si volvía a resultar elegido en las elecciones autonómicas de mayo de aquel año, impulsaría la construcción de un palacio de la ópera en la bahía de la capital balear. Matas tenía previsto mostrar públicamente el citado anteproyecto en aquellas fechas, pero la presentación fue suspendida por la Junta Electoral. En los citados comicios autonómicos, el PP perdió la mayoría absoluta con que contaba. Matas fue relevado entonces al frente del Govern por el socialista Francesc Antich, quien descartó de inmediato ejecutar el mencionado proyecto.

Matas ha señalado este martes que Calatrava era, por su doble condición de arquitecto e ingeniero, la única persona capacitada para poder realizar una infraestructura de esas características y para remodelar además la zona de la bahía de Palma. En ese contexto, el expresidente se ha mostrado convencido de que la capital balear contará en un hipotético futuro con el palacio de la ópera diseñado por Calatrava. «Yo estoy seguro de que algún día este proyecto se hará», ha afirmado ante el tribunal.

A lo largo de su declaración, Matas ha indicado que desconocía las razones por las que la contratación de Calatrava se hizo a través del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), un organismo público que se ocupa de la construcción y reforma de los centros escolares, que en aquel momento era deficitario.

La investigación del hoy denominado caso Ópera fue impulsada en su momento por el entonces fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y por el juez José Castro. Una peculiaridad de esta causa es que al final de la instrucción, en septiembre del pasado año, la Abogacía de la Comunidad pidió el archivo y sobreseimiento del proceso, al considerar que no se habría producido un perjuicio para las arcas públicas. Los Servicios Jurídicos también anunciaron hace un año que renunciaban a seguir ejerciendo la acción penal en la pieza número 24 del caso Palma Arena, que versa sobre la compra de un piso de lujo —conocido como el «palacete»— por parte de Matas en la capital balear.

Dos condenas en firme

Ambas decisiones motivaron que el Gobierno regional, que preside la socialista Francina Armengol, acordase destituir entonces al director de la Abogacía, Lluís Segura, por pérdida de confianza. Unas semanas después, la Abogacía de la Comunidad rectificó su posición inicial y se adhirió a la posición de la Fiscalía en el caso Ópera.

Cabe recordar que hasta el momento Matas ha sido condenado en firme en dos de las piezas del caso Palma Arena ya juzgadas y resueltas. En un caso, debió cumplir una condena de nueve meses y un día de cárcel por tráfico de influencias, en concreto por favorecer a un amigo periodista con una subvención. En el otro caso, debió abonar 9.000 euros de multa por cohecho, al considerar el jurado que había presionado a un hotelero para que contratase a su esposa, Maite Areal.

Más recientemente, en febrero de este año, el tribunal del caso Nóos condenó al expresidente balear a tres años y ocho meses de cárcel por un delito de prevaricación —en concurso con falsedad y malversación— y otro de fraude. Dicha pena se encuentra recurrida en la actualidad ante el Tribunal Supremo.

Finalmente, la pasada semana Matas fue juzgado en el marco de las piezas 8 y 9 del caso Palma Arena, que fueron juzgadas como una sola. En este caso, Anticorrupción pide finalmente tres años de cárcel para el exmandatario isleño por la presunta contratación irregular de los tres arquitectos que construyeron el velódromo, Ralph Clemens Alexander Schürmann y los hermanos García Ruiz. El Ministerio Público atribuye a Matas los delitos de fraude a la Administración y prevaricación en concurso con falsedad, mientras que su abogado solicitó en el juicio la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo. Esta petición fue desestimada por el tribunal.