Manual de instrucciones del «procés»

El Gobierno catalán era muy cuidadoso con las expresiones a utilizar en esta estrategia propagandística: «La discreción sobre este proyecto debe prevalecer para evitar interferencias por parte del Estado español, que podría intentar frustrar el proyecto». Las advertencias destacaban incluso que las referencias a la Declaración Unilateral de Independencia debían ser «de forma velada»: «Hay que evitar totalmente hacer referencia a una declaración unilateral de independencia y, sobre todo, es conveniente no mencionar ninguna de estas tres palabras ni tampoco las siglas DUI. En el caso de ser interpelados sobre esta posibilidad la respuesta genérica adecuada en este momento político es la siguiente: el Gobierno que surja de las elecciones del 27 de septiembre tendrá un mandato democrático para implementar, que intentará lograr mediante la negociación política con el Estado y con el conocimiento de las instituciones europeas».

Entre la documentación en papel analizada por el Tribunal de Cuentas está un «argumentario de los asuntos internacionales». Fue hallada en la Delegación de Austria junto al orden del día de una reunión de delegados celebrada en Barcelona el 20 de julio de 2017. Este encuentro fue convocado por la Secretaría de Asuntos Exteriores, cuyo consejero era Raül Romeva . Las notas a mano ponen «de manifiesto que en dichas reuniones se repartían y debatían» las directrices de la Generalitat.

«El Gobierno mantiene la escalada en su asalto hacia Cataluña impulsando juicios políticos que no estarían permitidos en ningún país civilizado».

«En caso de bloqueo continuado por parte del Estado español y como única vía posible para completar la transición a la independencia, podría darse el caso de que fuera necesaria una declaración unilateral de independencia».

«Hay preocupación en Cataluña y en el exterior a la creciente amenaza a la democracia en España. En la medida que la demanda de independencia genera tensiones entre principios constitucionales y democráticos resulta imprescindible encontrar vías de diálogo para llegar a un equilibrio».

«Cataluña es económicamente viable en todos los escenarios que puedan surgir a partir de un referéndum».

El «Una Cataluña independiente sería un socio fuerte de España tanto a nivel económico como político. Continuaremos teniendo fuertes intereses en común y compartidos. Es una situación de win-win por España, por Cataluña y por la Unión Europea».

«Desde las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015 se fija un calendario de 18 meses para que Cataluña avance en el proceso de transición hacia la independencia. Hay que informar a la comunidad internacional de buscar el reconocimiento del nuevo estado, preparar las instituciones y redactar la Constitución de la República catalana».

«Debido a la negativa del Gobierno español de establecer un diálogo político se decidió que era necesario explicar el proceso a la comunidad internacional. Esta era también una vía para generar presión en Madrid y forzarlos a negociar».

«Dar por hecho que las exportaciones catalanas se reducirán drásticamente con la independencia sólo forma parte del discurso del miedo para buscar alarmismo. Hasta el momento ninguna compañía extranjera ha anunciado su intención de marcharse de Cataluña».

«La estructura sociodemográfica y de mercado laboral en Cataluña permitiría garantizar plenamente la continuidad del sistema actual de pensiones. Las pensiones serán más seguras en la República catalana».

«El Estatuto de Autonomía de Cataluña se aprobó por una amplia mayoría de votos del Congreso y en un referéndum en Cataluña. Aun así, el TC retiró muchas de las competencias que se habían aprobado. En 2012 se hizo un último intento presentando una propuesta para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad fiscal, similar a la del País Vasco y Navarra, que fue directamente rechazada… Las crecientes amenazas por parte del Gobierno español a la cultura y lengua catalana están poniendo en riesgo el actual modelo de integración catalán».

«Urge que los Gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea fuercen a España a entender que hay que iniciar un diálogo y proceso político con Cataluña. Hace falta que España se comprometa políticamente con el Gobierno de Cataluña para gestionar la transición hacia la independencia».

«De acuerdo con el artículo 11.2 de la Constitución ningún ciudadano español puede perder su nacionalidad. Los ciudadanos de Cataluña mantendrían la nacionalidad de un Estado miembro y, por tanto, seguirían siendo ciudadanos de la Unión Europea».