Mandato Torra: progreso social fallido a costa del «procés»

Sin embargo, en su corta legislatura -que previsiblemente acabará en primavera tras la aprobación final de los Presupuestos-, el Govern no ha conseguido reconducir las políticas públicas sociales como se prometía. Esta semana, Oriol Junqueras, líder de ERC encarcelado por el 1-O, argumentaba en su visita al Parlamento catalán, que el 155 «sirvió para impedir políticas sociales y económicas» , aunque obvió mencionar que el «procés» ha capitalizado buena parte de la actividad del Govern en los últimos años.

Prueba de ello es que, a pesar de arrancar justo con el fin de la crisis económica y la previsión de revertir los últimos recortes sobre la mesa, el gobierno Torra no ha podido frenar huelgas ni en el sector educativo ni en el sanitario. En Enseñanza y Universidades, con colectivos acostumbrados a la movilizaciones, se han repetido las manifestaciones por la falta de recursos públicos.

Menos habitual es que los médicos y otros profesionales sanitarios, públicos y concertados, se quiten las batas blancas para salir a la calle a protestar por la insostenibilidad de la atención primaria, cosa que se ha vivido en varias ocasiones en menos de dos años. La queja por la inacción va más allá: la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, que aglutina a más de 3.000 entidades, avisa de que la situación es «insostenible» y que la pobreza, que no baja del 20 por ciento, se ha cronificado.

«Tenemos un Gobierno 'congelado' en políticas sociales después de dos años de presupuestos prorrogados», expone a ABC Francina Alsina, presidenta de la Mesa, que lamenta, a modo de ejemplo, que de las ocho leyes aprobadas en 2019 por el Govern solo dos sean sociales. Aunque el sector reconoce avances en políticas para Menores Extranjeros No Acompañados (menas) o la pobreza energética, critica especialmente la dejación en temas como la renta garantizada, la vivienda o la infancia.

Las cifras también corroboran la inacción social del mandato Torra. Cuando este arrancó, las listas de espera catalanas estaban, por primera vez en mucho tiempo, en descenso tras el plan de choque impulsado un año antes por el consejero Antoni Comín, que acabó huyendo a Bélgica junto a Carles Puigdemont. Comín logró reducir en parte los plazos, pero con la llegada de Torra se cronificó la prórroga presupuestaria y la sanidad fue muy castigada.

Los últimos datos del Sistema de Información sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS), de finales de 2019, mantienen a Cataluña, con 168.108 pacientes, como la comunidad con más personas pendientes de una operación. En espera media para ser intervenido, Cataluña también encabeza el ranking, con 146 días (la media estatal es de 115 días). I gual de graves son las cifras sobre la dependencia. Según datos recientes del Sistema de la Dependencia -publicados por el Imserso-, en Cataluña recibir una prestación por dependencia cuesta 576 días. La catalana es la comunidad que ha reducido menos en los últimos años tanto esta lista de espera como sus plazos.

Ante tal realidad, se estima que harían falta entre 4.600 y 6.000 millones de euros para que el gobierno catalán equiparara su presupuesto sanitario a otros países similares. Así lo estimaba esta misma semana el Círculo de Salud, asociación que promueve la mejora del modelo sanitario catalán.

Precisamente, los futuros Presupuestos tenían que ser la panacea del gobierno autonómico a la situación actual , ya que incluyen un sustancioso aumento del gasto social. Ayer mismo se desgranaron en comisión parlamentaria los de Salud -de 9.789 millones de euros-, cuya consejera Alba Vergés, defendió como «los más altos de la historia». Los presupuestos, eso sí, tirarán adelante después de que los comunes negociaran por las demandas sociales, de las que suelen hacer bandera. Faltará por ver si al próximo Govern le valen estas cuentas para atajar la urgencia social.