El Llarenazo

Los cabezas de huevo de Junts per Cataluña decidieron adelantar el debate de investidura creyendo que les daría tiempo a convertir a Turull en presidente de la Generalitat antes de que Llarena le devolviera a la cárcel y lo único que han logrado es volar todos los puentes con la CUP. Estamos ante un caso de calamidad colectiva.

Y todo por la insólita decisión de unos jueces de hacer su trabajo sin prestarle demasiada atención a los susurros del poder político. Está claro que eso es algo a lo que no estamos acostumbrados. A las pruebas me remito. A Catalá todo esto le ha pillado por sorpresa. Y al fiscal general. Y al CNI.

El ministro aún no entiende por qué su amigo Manuel Marchena le ocultó los planes de Llarena de adelantar al viernes los autos de procesamiento. Sánchez Melgar, para salvar la cara in extremis, volvió a ponerse el traje de duro y ordenó a sus subordinados, a través del WhatsApp de su móvil, que solicitaran el ingreso en prisión de los cinco líderes del desafío independentista que acudieron a la vistilla. En cuanto a Marta Rovira, otra cara dura que confunde la fuga con el exilio , que explique Sanz Roldán la eficacia preventiva de sus espías.

Pero la perplejidad vino también por el otro lado. Todos los que creíamos que la CUP iba a anteponer el gustazo de darle un bofetón al Estado a cualquier otra exigencia programática de implementación republicana deberíamos admitir que no damos ni una. Casi nada de lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas estaba en el guión que manejábamos a principios de semana.

El plan previsto consistía en investir a Turull el Jueves Santo, o bien con el apoyo de la CUP o bien con el respaldo exclusivo de Junts per Cataluña y ERC tras la renuncia a sus actas de los dos fugados a Waterloo. De ese modo se conseguía un triple objetivo: que decayera la vigencia del 155, que los apóstatas de la unilateralidad pudieran hacerse con las riendas del Govern y que Llarena se tomara un tiempo para sopesar sin agobios el destino procesal de los cabecillas rebeldes. Luego, si decidía inhabilitar al nuevo President, se activaría el mecanismo de sustitución previsto en el Estatuto y Rajoy podría vender ante la opinión pública que la normalidad autonómica había regresado a Cataluña gracias a su denodado empeño de mantener a salvo el imperio de la ley.

Sin embargo, oh, paradoja, ha sido el propio imperio de la ley -la actuación jurisdiccional de un juez del Supremo- la que ha truncado el deseo balsámico del Gobierno de acabar de una vez por todas con el dolor de cabeza del desbarajuste catalán. La excepcionalidad se mantiene. Rajoy continúa con las manos atadas. Turull va camino de Estremera (y no del Palau de la Generalitat) en compañía de Rull, Romeva, Forcadell y Bassa. Rovira busca solución habitacional en Ginebra. La CUP se tira definitivamente al monte. Y, por si fuera poco, la amenaza de nuevas elecciones se agiganta.

El único modo de evitarlas es que Puigdemont y Comín (la inhabilitación del primero tardará tiempo en ser efectiva y la del segundo no está en juego), renuncien a sus actas de diputado y sus sustitutos quieran votar en segunda vuelta a un cuarto candidato descaradamente desvinculado del desafío que puso en marcha el procés. ¿Se prestará a ese juego el fantasma de Waterloo mientras sus antiguos consellers se amontonan en la cárcel? Pincho de tortilla y caña a que no. De perdidos, al río.