Los juristas avisan: se están aplicando medidas propias del estado de excepción

En una valoración estrictamente jurídica, los constitucionalistas consultados por ABC alertan de la extralimitación del Gobierno en las medidas que está tomando, que son propias de un estado de excepción. Dos de ellos creen que se daban los requisitos para haberlo declarado, pues la propia crisis epidemiológica -uno de los presupuestos para la declaración del estado de alarma- ha provocado el anormal funcionamiento de servicios públicos, motivo que contempla el estado de excepción.

El catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Flores considera que «se han excedido todos límites desde el primer momento». La finalidad en la declaración de un estado de alarma es mejorar la coordinación entre instituciones y cuerpos policiales para hacer frente a una situación de emergencia, comenta. Un mando único para unificar compras de material sanitario, por ejemplo. Pero el decreto de alarma no puede limitar derechos fundamentales y aquí se «están afectando de forma inédita en nuestra democracia».

«No se está modulando su ejercicio, estamos ante una restricción de derechos hasta políticos» , dice. «No podemos salir a la calle a manifestarnos, no podemos reunirnos, ni practicar una religión, ni hay libertad sindical ni libertad de empresa desde el momento en que se prohíben hasta los despidos».

Coincide con esta idea el también catedrático de Derecho Constitucional Carlos Ruiz Miguel, quien recuerda que la paralización de la economía «no está contemplada en el estado de alarma en ningún caso» y, sin embargo, en la práctica, se está prohibiendo la actividad económica. «Es un disparate y nadie lo recurre. Una arbitrariedad absoluta, la voladura de todas las reglas».

A su juicio, la libertad de circulación «excede claramente lo previsto en la Constitución y en la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio». «La regla general es la circulación y la excepción la restricción -dice-. Aquí se ha hecho lo contrario: ahora como regla general está prohibida la libertad de movimientos y, como consecuencia de ello, nos hemos encontrado con la prohibición de, entre otros, el derecho de reunión, un derecho físico, en ningún caso virtual». Ni la sanidad ni los servicios públicos pueden funcionar correctamente. «Se dan los presupuestos para la declaración de un estado de excepción», señala.

Al margen de las restricción de derechos y libertades -que ya se está produciendo pese a que la Carta Magna lo prohíbe-, otro de los «contras» que supondría para el Ejecutivo la declaración del estado de excepción, señala este experto, es que requeriría de la autorización previa del Congreso, Cámara que en el caso de la alarma sólo interviene para prorrogar la decisión del Gobierno, como sucedió la semana pasada. La declaración de un estado de excepción requiere un debate parlamentario, la justificación correspondiente de las medidas que se van a tomar y, lo mas importante, escuchar a la oposición en un momento, además, en el que ante las discrepancias en el seno del propio Gobierno, ese control parlamentario parece más necesario que nunca, dice.

Para este jurista es especialmente escandaloso el hecho de que, además de eludir ese control parlamentario , el Ejecutivo se esté «librando» del control de la prensa al impedir a los periodistas acudir físicamente a las ruedas de prensa y que se estén filtrando de forma arbitraria sus preguntas. Todos sabemos las precauciones que esos periodistas tendrían que tomar si fueran a esas ruedas de prensa: mascarillas, guantes y un metro de distancia. Las mismas que vemos en quienes informan desde las puertas de los hospitales.

A las ruedas de prensa también se refiere el catedrático Roberto Blanco. «Es una vergüenza en democracia que el Gobierno esté todo el día en la televisión pública abusando de una posición de dominio. Todo conduce a la misma finalidad: eximirse de cualquier responsabilidad». Aunque reconoce que como consecuencia del confinamiento es cierto que se están limitando otros derechos, como el control parlamentario, considera que la declaración del estado de alarma se ajusta a los requisitos constitucionales y que la excepción daría al Gobierno «enormes poderes», lo que no es positivo.