La etarra Alberdi niega tener «relación» con el asesinato de dos policías en Madrid en 1991

Sobre el listado de empresas de paquetería de Toledo que la Fiscalía le acusa de elaborar para cometer el atentado, la etarra ha asegurado que «no recuerda» ninguna anotación sobre las empresas de Toledo, región en la que no ha estado nunca, según su declaración. El Ministerio Público solicita 286 años de prisión para ella por dos delitos de asesinato terrorista, diez delitos de asesinato frustrado y uno de estragos. Su función fue recopilar las empresas con las que enviar un paquete bomba desde Toledo que contenía una trama para la Policía.

Alberdi ha declarado que disponía de un cuaderno en el que «tomaba muchas anotaciones» sobre la casa que gestionaba para ETA en Valencia, donde apuntaba gastos, datos de prensa, de publicidad, y «anotaciones sobre medios de transporte y sus horarios». Ha negado que conociera que se iba a cometer dicho atentado y saber «quien ha podido participar» en la acción terrorista, que provocó la muerte de los policías Andrés Muñoz y Valentín Martín , los dos miembros de los Tedax encargados de desactivar el paquete bomba, que estalló.

La terrorista, quien ha sido absuelta ya en dos ocasiones (por el asesinato a tiros del catedrático Manuel Broseta en Valencia en 1992 y por el de tres policías con un paquete bomba en Madrid en 1991), ha asegurado que puede probar, como ya hizo en otro juicio, que el día del atentado se encontraba en Valencia, firmando el contrato de la casa.

La Audiencia Nacional también juzga en esta causa al etarra Juan Jesús Narváez Goñi , la pareja de Alberdi, con quien estuvo fugado en México durante 22 años, en los que criaron a dos hijos que desconocían su pasado terrorista. Allí, aparentaban normalidad como profesores de yoga y masajistas en un centro esotérico en la localidad de Puerto Vallarta, donde fueron detenidos en febrero de 2014.

Goñi, quien está condenado a sesenta años de prisión por asesinar a tiros a dos policías en Barcelona, también ha negado que participara en este atentado. «No tengo nada que ver con esta causa, es más no conozco la ciudad de Toledo ni he participado en el transporte de ningún paquete de Toledo a Madrid. La letra que aparece en el remitente no es absolutamente mi letra », ha relatado ante el tribunal. La Fiscalía le acusa de trasladar «personalmente la bomba trampa a la delegación de la empresa Servitrans», quien llamó a la Policía. Solicita para él también 286 años de prisión por los mismos delitos.

Los agentes de policía que presenciaron la explosión, algunos de los cuales fueron heridos, han relatado como testigos lo sucedido. Uno de ellos ha narrado como la explosión mató a uno de los dos policías en el acto y al otro en unos minutos, lanzando «sus cuerpos semidesnudos» al medio de la calle. Los demás agentes presentes en la desactivación de la bomba trampa, unos seis, «también sufrimos consecuencias ». Por estos hechos ya ha sido condenado el histórico pistolero José Luis Urrusolo Sistiaga, considerado el cabecilla del comando Ekaitz.

En esta causa, la Fiscalía considera que Alberdi y Narváez decidieron, junto al dirigente del «comando Ekaitz» José Luis Urrusolo Sistiaga, ya condenado por estos hechos, «dar muerte al mayor número posible de policías mediante la remisión de un paquete bomba» a la empresa «Construcciones Atocha». Esta compañía había participado junto a otra compañía en una obra pública que rechazaba ETA por «espurias razones de política ambiental», la construcción de la autopista del valle de Leiza.

El paquete bomba, que iba dirigido a un remitente ficticio para que la compañía avisara a la policía, tenía una trampa que se activaría en el momento en el que los expertos trataran de desactivarla. Así sucedió: el letal envío, que contenía tres kilogramos de amonal, provocó la muerte de dos policías de los Tedax, Andrés Muñoz y Valentín Martín, e hirió a otros siete agentes y tres empleados de la empresa de mensajería.