El juez investiga ya por sedición a 5 municipios, pero podrían llegar a 70

Por ahora, ya son cinco los municipios denunciados por Fiscalía : La Seu d’Urgell (Lérida), Igualada (Barcelona), Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Gerona -gobernados por Convergència-, y Celrà (Gerona), gobernado por la CUP. A dos de ellos -La Seu d’Urgell y Celrà- ya se les han abierto diligencias tras recaer su causa en los jueces Fernando Andreu y Santiago Pedraz.

Pero en breve la nómina de municipios denunciados crecerá . Hasta hoy, más de una setentena de municipios han aprobado -o tiene señalado un pleno para aprobarlas-, mociones de apoyo a la resolución de ruptura del Parlamento que promovieron Junts pel Sí (JpS) y la CUP. Así lo confirmaron a ABC fuentes de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), quien promovió estas mociones entre sus 780 municipios afiliados, entre los que se cuentan los cinco citados.

La Fiscalía solicita a los jueces que pidan «con urgencia» a los ayuntamientos una certificación de la moción, con la identificación de los miembros que votaron a favor y en contra y otra documentación. Asimismo, solicita que se requiera al comisario jefe de los Mossos d’Esquadra (Josep Lluís Trapero) que informe sobre los hechos. En las providencias ya dictadas, sin embargo, los jueces sólo piden los documentos. El ministerio público considera que puede haber delito en los actos que ejecuten «el mandato ilegal».

La reacción de los primeros municipios aludidos por las investigaciones fueron elocuentes. Se recrearon las dispares tácticas con las que Convergència y la CUP afrontan las réplicas judiciales a sus gestos rupturistas . Los primeros, por ejemplo, alegaron ante el TC que la declaración de ruptura era una «declaración de intenciones». Los segundos, los antisistema, no titubean ante la desobediencia que llevan en su ADN.

En Celrà, municipio gobernado por mayoría absoluta por los antisistema de la CUP, su alcalde, Dani Cornellà, confirmó ayer que habían recibido la providencia del juez Pedraz, pero avanzó que la «desobedecerán» . Curiosamente, en su caso, la moción, secundada también por los ediles de ERC y CDC, se aprobó el 10 de noviembre, un día antes de que fuera suspendida cautelarmente por el TC. «¿Qué no se han enterado que nos estamos desconectando del Estado? Si quieren papeles, que vengan a buscarlos», añadió el primer teniente de alcalde, Josep Bartis, en declaraciones a ABC. Con todo, el alcalde Cornellà matizó que el secretario y el interventor municipal, funcionarios, «harán lo que crean conveniente».

Desde La Seu d’Urgell, su alcalde, y también diputado de JpS, el convergente Albert Batalla, se mostró menos contundente. «No hemos recibido ninguna notificación, pero la atenderemos cuando llegue», señaló. No obstante, quiso subrayar a ABC que la moción -que aprobaron horas después de la suspensión del TC- es de carácter «meramente político». «Simbólica», la definieron ayer desde la AMI.