El juez imputa al ex número dos de Comunicación de Moncloa por el espionaje a Podemos

Pozas presentó el pasado viernes su dimisión después de que el excomisario José Manuel Villarejo le acusara de haberle entregado un «pendrive» con los datos del teléfono sustraído a una asesora del líder de Podemos , Pablo Iglesias. En el momento de producirse los hechos, Pozas era director de la revista «Interviú».

El exalto cargo de Moncloa acudió este lunes a la sede de la Audiencia Nacional sin abogado, puesto que estaba citado como testigo. Tras hablar con el juez que investiga el caso, éste decidió imputarle en la causa. Como testigo, Pozas no acudió acompañado de abogado y tenía obligación de decir la verdad de lo que conociera, lo que podría perjudicarle más adelante. Al pasar a ser investigado adquiere el derecho a prestar declaración con asistencia letrada, por lo que será citado más adelante.

El magistrado ha abierto una pieza separada del «caso Tamdem», la décima, para investigar el robo del teléfono de la asesora de Iglesias y la posterior publicación en medios de comunicación de datos personales del político y de la formación que dirige.

Pozas presentó su renuncia en Moncloa el pasado jueves por entender que está «siendo utilizado para atacar al Gobierno y al presidente». La pieza en la que se investiga este caso permanece secreta y en ella se estudia si la llamada «policía patriótica» espió a partidos políticos con el conocimiento del Gobierno del PP de entonces. Por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ya han pasado Pablo Iglesias, en calidad de perjudicado, y el propio Villarejo, que puso sobre la mesa el nombre de Pozas en su declaración.

En los registros efectuados a Villarejo se encontró un «pendrive» que contenía el volcado de todos los datos de un teléfono móvil robado en 2016 a Dina Bousselham, ayudante de Iglesias durante su etapa en el Parlamento Europeo . Según el comisario jubilado, ese dispositivo le fue entregado al periodista Alberto Pozas.

El periódico digital «OKdiario», dirigido por Eduardo Inda, publicó en 2016 diferentes informaciones sobre la supuesta financiación irregular de Podemos a través de los gobiernos de Venezuela e Irán. Ahora el juez trata de dirimir si se fabricaron datos falsos.