El juez imputa a Monedero en el caso Neurona

Esta es la misma mercantil cuya versión española fue creada «ad hoc» para contratar con Unidas Podemos en las elecciones generales de abril de 2019, en un acuerdo por servicios de asesoría e importe de 363.000 euros que la coalición quiso repercutir como gasto electoral al erario público y cuya veracidad está en entredicho: Podemos está investigado por financiación irregular y/o delito electoral.

En una providencia a la que tuvo acceso ABC, el juez acuerda citarle a las 11.30 de la mañana del 15 de marzo en el contexto de la causa, que está formalmente abierta por un presunto delito de malversación, si bien no se detallan las imputaciones concretas sobre él. La citación obedece a los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que sitúan a Monedero como posible comisionista de aquel contrato .

El papel de Monedero en este asunto se venía investigando en una pieza separada y bajo secreto hasta la semana pasada, cuando el juez acordó alzar el velo. El origen fue una alerta de inteligencia financiera por un movimiento sospechoso: había recibido 30.000 dólares de México en diciembre de 2018 y la justificación no cuadraba.

En concreto, según los informes y autos que obran en el sumario y a los que tuvo acceso ABC, el cofundador de Podemos recibió cuatro semanas y dos días antes de que se redactase el contrato con Neurona Comunidad   26.200 euros de la matriz latinoamericana de la empresa, Neurona Consulting.

Cuando su banco le pidió explicaciones, justificó el ingreso con una factura que la UDEF y el juez creen que confeccionó para salir del paso. Para empezar, porque está expedida por Neurona Consulting y no por Monedero, que es quien prestaría el servicio. Además, no detalla el receptor y está numerada con el 1, cuando consta en el sumario que ese año la consultora tuvo actividad, incluida la firma de un contrato con el Gobierno de Evo Morales en Bolivia.

Por último, reseñaba «300 horas de consultoría presencial. Buenos Aires, Colombia y México», como único concepto, algo «de difícil comprobación».

Para el juez, «cabe entender indiciariamente que la percepción de dicha cantidad por parte de Juan Carlos Monedero tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos del contrato de prestación de servicios» que está bajo sospecha de ser falso.

El hilo conductor es el mexicano César Hernández Paredes, persona próxima a Monedero y responsable tanto de Neurona Consulting como de su versión española, Neurona Comunidad. Esta mercantil se creó en un despacho de abogados de un pueblo de Sevilla, no tiene ni estructura ni empleados y al frente, había un administrador. Aquel contrato fue de 363.000 euros, pero la empresa se acabó embolsando 425.443 euros de coaliciones del partido de Pablo Iglesias.

Desde el inicio de la causa sobrevuela la implicación de Monedero. El denunciante que desencadenó el procedimiento, el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, le situó como comisionista de aquel contrato sospechoso de ser falso y la extrabajadora del partido y anterior responsable de Cumplimiento Mónica Carmona, añadió que el acuerdo en sí, fue redactado por un amigo del cofundador de Podemos . Se trata de un empleado conocido como «el colibrí», que está citado como testigo en el juzgado también el 15 de marzo.

No obstante, el juez escuchará también en esa jornada como testigo al representante legal de Yugen Media S.L. , una agencia de publicidad que firmó un contrato con Unidas Podemos por importe de 15.200 euros para la elaboración de vídeos en aquella misma campaña electoral. Carmona, en su última declaración, aportó un borrador de contrato con esta empresa que tenía la misma fecha que el de Neurona Comunidad y por servicios similares.

Es una diligencia clave, porque los investigadores dudan de que Neurona prestase servicio alguno en aquella campaña electoral y de ahí la imputación de Podemos como persona jurídica. La formación aportó un disco duro con ingente material de campaña para tratar de areditar los servicios prestados. Su autoría ha sido analizada por los investigadores y el juez está en espera de informe al respecto.