El juez exonera a Ignacio González del delito de blanqueo en el Caso Lezo

Las pesquisas se iniciaron con una querella de la Fiscalía Anticorrupción en 2016 y desde 2017, se investigaba el posible blanqueo en una pieza separada, la número 5 de la macrocausa Lezo sobre presuntas actividades de corrupción en torno al Canal de Isabel II. González estaba imputado también en esta línea por una presunta «ocultación y afloramiento de capitales ilícitamente obtenidos».

Cinco años después, el juez pone fin a esta investigación y exonera a Ignacio González y a su mujer por falta de indicios. De igual modo, decreta el sobreseimiento para Carmen Pilar Pazos ; administradora de una empresa sospechosa de ser parte de la trama, y para Concepción Ruano , mujer de Ildefonso de Miguel, que sí resulta procesado.

En un auto al que tuvo acceso ABC, el juez de refuerzo en el Central 6, Joaquín Gadea, expone que el exgerente del Canal de Isabel II habría llevado a cabo entre 1999 y 2014 una actuación para «ocultar ganancias cuyo origen lícito se desconoce e introducirlas en el circuito legal dotándolas de apariencia lícita». Entre 2006 y 2008, además, lo habría hecho «prevaliéndose de su cargo» al frente de la empresa madrileña.

En este sentido, el auto recuerda que ya se han abierto dos juicios orales contra él por tres delitos de cohecho, en uno de los casos por haber recibido fondos en efectivo de entorno a 2,5 millones de euros. Consta asimismo en las actuaciones que dispuso a través de cuentas abiertas en el extranjero de «al menos» 3,8 millones de euros «cuya lícita procedencia no consta y que mantuvo siempre ocultos a la Hacienda Pública española».

«Con dicho fin constituyó un entramado societario y financiero con presencia en Panamá, Liechtenstein, Suiza y Guernsey que utilizó para ocultar sus fondos de origen desconocido que posteriormente afloró en España mediante la interposición de otras sociedades», razona el auto del juez Gadea.

Según expone, en los ejercicios fiscales de 1999 a 2008 habría defraudado a hacienda más de 120.000 euros por año, en total, 1.517.027,87 euros, y por tanto, seis delitos contra la Hacienda Pública, si bien no se le puede acusar ya por ello al estar los hechos prescritos cuando comenzaron las investigaciones.

Sí se propone juzgarle por lo ocurrido después, «diversas maniobras con el fin de aflorar en España esos fondos de origen desconocido» entre los años 2011 y 2014. El auto detalla dos «contratos simulados de préstamo por importes de 940.500 euros y 2,5 millones, respectivamente, para »poder disponer« de esos fondos.

«De las diligencias practicadas en esta causa, se infiere la presunta participación o intervención de Ildefonso de Miguel en actuaciones presuntamente delictivas que cabría calificar indiciaria e inicialmente como supuesto delito de blanqueo de capitales», dice el juez, que propone enviarle a juicio y da plazo a la Fiscalía para que presente su escrito de acusación.