El juez decreta prisión sin fianza para el principal empresario del ocio nocturno de Baleares

Bergas deberá comparecer cada lunes en los Juzgados y asimismo se le prohíbe acercarse a determinados edificios municipales de Palma y de Calviá. Además, el juez también le ha impuesto las medidas cautelares de retirada del pasaporte y de prohibición de salir del territorio nacional.

El juez considera en su auto que los delitos presuntamente cometidos en este caso serían los de cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores, contra el derecho de los trabajadores, falsedad, estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicio y tenencia ilícita de armas.

En su comparecencia ante el juez, Cursach, Sbert y Bergas se habían acogido esta mañana a su derecho a no declarar. Por su parte, los fiscales Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau habían pedido prisión sin fianza para los dos primeros.

La Policía había registrado estos últimos días varias empresas de Cursach, entre ellas la discoteca BCM o el complejo Mega Park, así como también su propio domicilio. Esta nueva actuación cabe situarla en el marco de las investigaciones que desde 2013 están realizando el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán en relación a una presunta trama de corrupción existente en la Policía Local de Palma, que también afectaría al mismo cuerpo en el municipio mallorquín de Calviá.

La citada trama incluiría, entre otras actuaciones presuntamente irregulares, la manipulación de unas oposiciones en la jefatura palmesana del cuerpo, la extorsión o el trato de favor a diversos empresarios de locales de ocio de la Playa de Palma —con la connivencia de altos cargos locales del PP—, o el amaño en la última adjudicación del servicio que controla el aparcamiento regulado en la capital balear.

En el caso del Grupo Cursach, el empresario habría contado a lo largo de los últimos años con la supuesta «protección» de la Policía Local , de diversos cargos políticos y de funcionarios municipales, lo que significaba que sus locales no solían ser inspeccionados o que las sanciones económicas que se le imponían no solían ser finalmente ejecutadas. Por contra, las empresas competidoras de Cursach eran inspeccionadas muy a menudo y multadas en ocasiones de manera muy severa, lo que en algunos casos derivó en el cierre de varios de dichos negocios.

El juez Penalva cree que la presunta «estructura corrupta» existente en la Policía Local de Palma se habría puesto en marcha en el mandato 2003-2007, en el que la popular Catalina Cirer era la alcaldesa de Palma. Dicha estructura habría continuado en los dos mandatos siguientes, con la socialista Aina Calvo y con el popular Mateo Isern como sucesivos primeros ediles. En cualquier caso, los investigadores consideran que Cirer, Calvo e Isern habrían sido ajenos a dicha trama.

En la actualidad, el alcalde palmesano es el socialista José Hila , que preside un equipo de gobierno conformado por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Som Palma, que es la marca blanca de Podemos en la capital balear. El actual tripartito decidió en agosto del pasado año suspender de empleo y sueldo de manera indefinida a los exjefes de la Policía Local Joan Miquel Mut y Antoni Morey , quienes tenían la intención de reincorporarse al trabajo después de haber cumplido los seis meses de suspensión que les habían sido impuestos. Mut y Morey son dos de las personas investigadas —equivalente a imputadas— en la citada macrocausa.

Fue también en agosto cuando declaró ante el juez el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez , que se desvinculó de cualquier posible irregularidad relacionada con este caso. Rodríguez había dimitido como dirigente local de su partido el pasado 4 de julio, días antes de ser imputado, tras ser obligado a ello por la dirección nacional del Partido Popular.

Con posterioridad, el pasado mes de diciembre, Penalva decretó el ingreso en prisión preventiva de cuatro agentes de la Policía Local de Palma, entre ellos el excomisario Rafael Estarellas. Tanto el magistrado como el fiscal consideraban que existían indicios suficientes de que Estarellas y otra agente habrían participado en una red de espionaje a jueces, fiscales y políticos. En la actualidad, Estarellas y dicha agente se encuentran en libertad con cargos.