La juez que concedió el tercer grado a Fabra fue suspendida en 2003 por intentar favorecer a Conde

Torrecilla fue sancionada por las presiones que ejerció sobre su compañera Reyes Jimeno para que concediera el tercer grado penitenciario al exbanquero Mario Conde , en ese momento en prisión por el caso Banesto. La Fiscalía había pedido su expulsión de la carrera, pero el órgano de gobierno de los jueces acordó una solución menos drástica. La juez llegó a perder su destino como juez de Vigilancia Penitenciaria en Madrid, pero lo recuperó concursando de nuevo a la plaza una vez cumplida la sanción.

La resolución sobre Fabra, que supone que el político solo tendrá que ir a la cárcel a dormir se ha producido contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El CGPJ acordó la suspensión de Torrecilla por unanimidad. Según informó el entonces portavoz del Consejo y actual magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López se la encontró responsable una falta disciplinaria muy grave , prevista en el artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sanciona «la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro Juez o Magistrado».

Sin embargo, no todos los vocales eran partidarios de que esa sanción durara siete meses. Frente a diez partidarios de esta opción, otros nueve, de perfil progresista, querían que fuera suspendida por dos años, que es el tiempo que propuso el instructor del expediente disciplinario. Ni el presidente del Consejo, Francisco Hernando ni el vocal Alfonso López Tena participaron en la votación. Junto con esta sanción, Eduardo Calvo, entonces presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, había propuesta una segunda sanción por supuestas presiones al director de la cárcel de Alcalá-Meco, donde estaba recluido Conde. El segundo castigo fue rechazado.

Según Calvo, la juez intentó «de modo consciente y voluntario» conseguir un trato favorable a Mario Conde, entonces preso por el «caso Banesto», después de que el Tribunal elevase su condena a 20 años de prisión.

El informe del instructor consideró probado que la juez Torrecilla trató de modificar la distribución de centros penitenciarios para obtener la competencia sobre Alcalá-Meco; que tuvo conocimiento anticipado del recurso de Conde contra su clasificación en segundo grado y que tenía preparada de antemano una providencia que le dio curso con celeridad, que firmó la juez sustituta de Jimeno ; y que los términos de esta providencia suponían un elemento de presión al director de la prisión.

Torrecilla fue denunciada en diciembre de 2002 ante el CGPJ por la juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid, Reyes Jimeno, quien había denegado el tercer grado penitenciario solicitado por Mario Conde, que cumplía entonces su condena de 18 de cárcel por los casos Banesto y Argentia Trust.