No es una pancarta, es desobediencia

El tribunal que le condenó no es el malvado Supremo, plagado de señores maquiavélicos que mesan el pelo a sus gatos con una mano mientras con la otra dictan sentencias injustas a sabiendas. No. La sentencia la dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el mismo que los independentistas quieren controlar a toda costa : lo intentaron en 2017, cuando declararon la independencia interruptus de los 8 segundos, pero también —y esto es más importante— con la reforma del Estatut que el Congreso y el Tribunal Constitucional afeitaron en aras de la igualdad entre españoles y la vigencia de la Constitución.

En la sentencia que hoy ha ratificado el Tribunal Supremo, los magistrados del TSJC destacaron la actitud «contumaz y obstinada» de Torra cuando, en plena campaña para las generales de abril, le exigió sin éxito que retirase de las fachadas de los edificios públicos las pancartas que pedían la libertad de los presos del «procés».

En el fondo es algo muy simple: los edificios públicos no son marquesinas para la propaganda política, sea ésta la que sea. Razón de más si se trata de una campaña electoral. El verdadero perjudicado de esta actitud no es España, ni el Estado español, ni los magistrados del sillón de orejas, ni ese cajón de sastre que los indepes denominan Madrid. La perjudicada es la Generalitat de Cataluña, rebajada a marquesina de un autobús con destino a ninguna parte , y por extensión el conjunto de los ciudadanos de Cataluña.

Torra ya tiene su inhabilitación. Él la ha buscado con esmero y tozudez. Una vez más, al independentismo le ha importado un comino el autogobierno catalán, los catalanes y la Ley. Torra se va con deshonor, pero feliz, porque la inhabilitación le permitirá gritar que es una víctima mientras vuelve a su irrelevante vida sin tener que abandonar Cataluña, ni verse con sus huesos en la cárcel.