La izquierda pide subir impuestos y disparar el gasto público

En concreto, el plan de los socialistas prevé un incremento de los tipos y los tramos del IRPF para las rentas más altas para obtener 670 millones, el establecimiento de una tributación mínima del 15% para las grandes empresas con el que ingresar 3.450 millones adicionales, la creación de un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas a las que extraería 2.500 millones y una tasa adicional sobre las transacciones financieras por un total de 800 millones.

Todo ello se complementaría con una mayor persecución del fraude fiscal con la que el PSOE prevé aumentar la caja pública en 1.700 millones, así como con las limitaciones de la reducción por arrendamientos de viviendas (250 millones) y del importe de aportaciones a sistemas de previsión social (370 millones).

Estos recursos adicionales se repartirían en dos bloques de actuación. Por un lado partidas para aumentar la igualdad, la cohesión social y el desarrollo del Estado del Bienestar a las que el PSOE propone dedicar 4.188 millones. Y, de otro, inversiones para crear un nuevo modelo productivo y aumentar el empleo de calidad por un total de 4.800 millones.

El conjunto se desgrana en 1.846 propuestas con las que el PSOE pretende tentar a los socios del Gobierno e intentar modificar las nuevas cuentas. Entre ellas, se encuentran la instauración del Ingreso Mínimo Vital, el incremento de la prestación por hijo a cargo, la aplicación del IVA reducido al cine, el aumento de las becas o alzas del 2,5 para las pensiones mínimas y del 2% para el resto de pensiones y las nóminas de los empleados públicos.

También Unidos Podemos registró ayer sus enmiendas a los Presupuestos, 1.600 en total. La mayoría de ellas se basa en el presupuesto alternativo que Podemos presentó hace unas semanas y que abogaba por un incremento de gasto de 19.500 millones de euros.

Entre las propuestas del partido de Iglesias destaca la revalorización de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios un 2,7%. Además, incluyen un plan de renta garantizada para las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza, un plan nacional de transición energética que garantizaría la eficiencia, un incremento de las inversiones en infraestructuras, priorizando las de las adminis- traciones locales, y un incremento de las partidas destinadas a Ciencia y a I+D+i.

Según el presupuesto alternativo de los populistas, el plan de renta garantizada para familias en situación de pobreza supondría un gasto de 3.200 millones en 2017, el plan de transición energética costaría 1.500 millones en ascendería a 1.200 millones.

También, la actualización del indicador del IPREM y una reforma del modelo de permisos por nacimiento o adopción, así como de las cuantías por hijo a cargo. Otras enmiendas están relacionadas con la reorientación del sector de la construcción y el desarrollo rural. También hay iniciativas registradas en torno a la fiscalidad, como el aumento del Impuesto de Patrimonio o un gravamen a las grandes fortunas y otro a la banca.

El presupuesto alternativo de Podemos propone compensar el incremento del gasto con un refuerzo de la lucha contra el fraude, que garantizaría según sus cálculos 7.500 millones de euros, además de otros 7.500 por el retraso en el cumplimiento de los objetivos del déficit, y otros cuatro mil por recaudación fiscal.

Por su parte, el PDeCAT registró en el Congreso más de 800 enmiendas parciales a los Presupuestos del Estado «en defensa de Cataluña, su economía productiva y de la cohesión social», e invitó a todos los diputados catalanes a que las apoyen, «también los de PP y Ciudadanos». En el caso de ERC , el número de enmiendas parciales superaron las 700.

El Grupo Popular, por su parte, presentó una treintena de enmiendas para incluir los acuerdos alcanzados con el PNV y Coalición Canaria.