La izquierda abertzale, investigada por cesión ilegal de trabajadores

Amaiur se nutrió sistemáticamente de fondos estatales. Como el resto de formaciones políticas con representación en las Cortes Generales, recibió las subvenciones que concede el Estado para gastos de funcionamiento de organizaciones políticas y las que reparten el Congreso y el Senado entre los distintos grupos parlamentarios. En 2015, año en el que se produjo el fraude laboral denunciado por el Tribunal de Cuentas, todos los ingresos de Amaiur -1,2 millones de euros- los obtuvo de subvenciones estatales. Y parte de esos fondos los destinó a contratar a 60 personas que, según el TCu, en realidad cedió ilegalmente a EH Bildu para que trabajaran al servicio de esta formación abertzale.

Esas contrataciones se produjeron en septiembre de 2015. Aquella operación laboral movió una importante cantidad de dinero: entre septiembre y diciembre de aquel año, esos 60 contratos conllevaron un coste total de 676.015 euros, pero EH Bildu no desembolsó ni un céntimo porque fue la marca Amaiur la que corrió con los gastos, y lo hizo con cargo a los fondos estatales de los que se nutrió.

La coalición Amaiur se acabó disolviendo. No existe desde 2016. Pero sí queda la federación EH Bildu, participada por las organizaciones que integraron la coalición Amaiur. La federación EH Bildu la forman Sortu, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba.

El TCu no tiene duda alguna de que Amaiur y EH Bildu incurrieron en una cesión ilegal de trabajadores que abarcó a un total de 60 empleados. En su informe indica textualmente que «esta forma de proceder pone de manifiesto una cesión ilegal de trabajadores» que vulnera lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y que está perseguida por la Ley sobre infracciones y sanciones en materia laboral.

A preguntas de ABC sobre este caso, EH Bildu ha optado por guardar silencio y no pronunciarse. Por su parte, Amaiur hace tiempo que trató convencer por escrito al Tribunal de Cuentas de que no incurrió en ilegalidad, pero fracasó en el intento. Amaiur alegó que la coincidencia entre los partidos que integran esas coaliciones hacen que se solapen los trabajos. Pero el TCu considera que eso no justifica la cesión ilegal de trabajadores : a todos los efectos, Amaiur y EH Bildu eran dos entidades distintas, aunque hubiera miembros que coincidieran en ambas.

Según ha podido confirmar ABC, el Tribunal de Cuentas puso todos estos hechos en conocimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el pasado 15 de enero. Ahora serán los servicios competentes en materia de inspección los que tendrán que determinar si efectivamente hubo ilegalidad, la sanción que conlleva y contra quién se actúa.

El Estatuto de los Trabajadores regula el supuesto de cesión ilegal de mano de obra. Establece que «la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas». Cualquier otra organización que lo haga incurre en cesión ilegal de trabajadores, que es de lo que el Tribunal de Cuentas acusa al entramado abertzale. Por su parte, la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social tipifica los supuestos de cesión ilegal de trabajadores como una infracción muy grave en materia de relaciones laborales. Y esa misma ley establece, para las infracciones muy graves, sanciones que van de un mínimo de 6.251 euros a un máximo de 187.515 euros.

La maniobra que se investiga afectó a un total de 60 trabajadores, pero al haberse tratado de contrataciones simultáneas podrían considerarse como una infracción única, según han indicado a ABC fuentes jurídicas. Es decir, aunque fueron 60 trabajadores cedidos, si al final la inspección determina que efectivamente hubo ilegalidad, no es descartable que el caso se saldara con una multa única. Eso sí, a la hora de graduar su importe pesaría la abultada cantidad de trabajadores que se vieron inmersos en esa operación entre Amaiur y EH Bildu.

La legislación establece que «cedente y cesionario (...) responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos». Así que, llegado el caso, d e la multa tendrían que responder tanto la que contrató a esos 60 empleados, Amaiur -o quienes integraban aquella marca electoral-, como EH Bildu en tanto que fue la receptora y la que se benefició directamente de esos trabajadores.