Un informe de la Guardia Civil apuntala los indicios contra Trapero hasta el 1-O

La decisión de la magistrada responde a que la Fiscalía decidió no solicitar medidas cautelares hasta que las partes estudien el contenido de un informe ampliatorio de la Guardia Civil que el Ministerio Público aportó a primera hora de la mañana. Según ha podido saber ABC, el atestado apuntala los indicios contra los imputados sobre el asedio a la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat. Pero eso no es todo: el informe sitúa a los investigados en hechos anteriores y posteriores al 20-S , de forma que no abarca solo el día de la macrooperación policial que se saldó con detenciones y un golpe a la logística del 1-O, sino que se extiende hasta el referéndum ilegal.

En el caso de Trapero y de la intendente imputada no es una cuestión menor, porque, como apuntan fuentes jurídicas, no es lo mismo reconocer una «descoordinación» puntual que prestarse a ejecutar un plan de desobediencia ordenado desde las propias instituciones (con Carles Puigdemont y Carme Forcadell al frente) que se extiende en el tiempo. En este plan, la ANC y Omnium habrían jugado un papel fundamental instando a la multitud a rebelarse contra el Estado.

Si tras la lectura de este atestado la Fiscalía decide ampliar su querella hasta el referéndum ilegal, el juzgado de Lamela sería el primero en España que investiga un delito de sedición en relación con la convocatoria y celebración del referéndum ilegal. Y sería el primero también que imputa a Trapero por la consulta prohibida. El jefe de los Mossos no está imputado de momento en ningún juzgado en relación a la pasividad del Cuerpo el 1-O , aunque en varios se acumulan denuncias para investigarlo.

Tras analizar el nuevo atestado, «que puede resultar trascendente para determinar el alcance de las imputaciones» -señalaba ayer la Fiscalía-, la juez volverá a llamar a los cuatro investigados (podría ser el próximo 16 de octubre) y ya entonces volverá a valorar la adopción de medidas cautelares. El Ministerio Público velará por que en la nueva citación se les aperciba de que «en caso de no comparecer el día y hora señalados sin causa justificada, serán conducidos por la fuerza pública a presencia del juzgado» , aclaraba ayer la Fiscalía en una nota.

Las declaraciones de Trapero, Sánchez y Cuixart transcurrieron conforme a lo previsto. El primero señaló que el 20 de septiembre se cumplieron «estrictamente las órdenes judiciales» y que no se les avisó «con suficiente antelación» para montar un dispositivo que protegiera a los guardias civiles. El asedio duró desde las once de la mañana hasta las siete de la mañana del día siguiente. Por su parte, Sánchez defendió que la concentración de la Consejería fue «pacífica», y Cuixart se negó a declarar.