Ni un indulto por corrupción ni violencia de género desde 2014

La nueva regulación de esta medida de gracia —vigente en España desde 1870 pese a que nació con carácter «provisional»— forma parte de las propuestas de regeneración democrática encaminadas a que se visualice una efectiva separación de poderes, tolerancia cero con la corrupción y una verdadera eficacia y credibilidad de la justicia. Los pactos de PSOE y Ciudadanos en el primer intento de formar Gobierno (el de Pedro Sánchez) y el de PP y Ciudadanos en el segundo y definitivo (Mariano Rajoy) coinciden en la necesidad de una reforma en la que no se cuestiona tanto el hecho de que el Ejecutivo pueda conmutar una condena como el delito o la forma en los que puede hacerlo.

En este sentido, el acuerdo entre los grupos parlamentarios no parece difícil: hay unanimidad para suprimirlos en casos de cargos públicos condenados por corrupción y en delitos de violencia de género, aunque en la práctica es algo que ya se viene haciendo. Desde 2014 hasta septiembre de 2016 no ha habido ningún indulto por delitos de prevaricación, cohecho, malversación o apropiación indebida, y ya desde dos años antes, es decir, desde 2012, no se concedía ninguno por violencia machista.

El polémico indulto al kamikaze de Valencia que anuló el Tribunal Supremo en 2012 por falta de motivación supuso un punto de inflexión en la concesión de esta medida de gracia por parte del Ejecutivo. No solo porque el Alto Tribunal puso la lupa en la necesidad de señalar las «razones de justicia, equidad o utilidad pública», sino porque se estaba anulando una condena de 13 años de cárcel con los informes en contra del tribunal sentenciador y de la Fiscalía. Se imponía así un uso prudente y ejemplarizante de esta medida de gracia por parte del Gobierno. En julio de 2014, Rajoy marcó la línea roja en un Consejo de Ministros que fue especialmente significativo porque de un plumazo acabó con las expectativas de libertad de personalidades públicas muy conocidas: los políticos Jaume Matas y Julián Muñoz , por un lado, y Ángel Carromero y el exjuez Baltasar Garzón, por otro. Desde entonces la concesión de indultos ha caído en picado.

Según datos del Ministerio de Justicia a los que ha tenido acceso ABC, en lo que va de año el Ejecutivo ha concedido 15 indultos, de los cuales 11 han sido por delitos contra la salud pública, dos contra el patrimonio y otros dos por desobediencia (bajo el epígrafe de delito contra la Administración Pública). En total, el 0,48 por ciento del total de peticiones resueltas: 3.151.

Un año más los otorgados se corresponden con delitos de tráfico de drogas, en los que el perdón suele guardar relación con la reinserción del condenado, alejado ya en la mayor parte de los casos del mundo de las drogas, y cuyo ingreso en prisión podría ser incluso contraproducente. Por su parte, los delitos contra el patrimonio (hurtos, robos o impagos de pensiones), los que tradicionalmente tenían más posibilidades de prosperar después de los delitos contra la salud pública, también han descendido sustancialmente. En los nueve primeros meses del año se concedieron 2, frente a los 24 de 2015 o los 113 de 2012.

Lejos de los 15 indultos que se han dado hasta septiembre quedan los 351 de media concedidos en los últimos 11 años, un periodo en el que el pico más alto lo alcanzó 2007 (521) con Zapatero en la Moncloa, seguido por los 510 de 2012, ya con el Ejecutivo de Rajoy.

Con la nueva legislatura en marcha el Grupo Socialista quiere relanzar la proposición de ley de reforma del indulto que presentó en febrero de 2016 y que decayó por la disolución de las Cortes. El texto hace hincapié en la excepcionalidad de la medida y en la necesidad de motivarla.