Indignación en el CGPJ por el «manoseo indecente» del Gobierno al Poder Judicial

Si hace algo más de un año, el PSOE reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial para prohibir que siguiera haciendo nombramientos estando en funciones, ahora vuelve a tocar esa reforma para desdecirse en lo que respecta a los nombramientos de esos dos magistrados del TC «solo porque les conviene hacerse con el control del Constitucional». Eso sí, el perjuicio que está ocasionando el hecho de que no se estén cubriendo vacantes en la cúpula judicial pese al colapso del que viene advirtiendo ya desde hace meses el Tribunal Supremo nada les importa, lamenta el vocal del Consejo Mario Macías.

A su juicio, hay dos hechos que agravan este asunto y lo convierten directamente en un «manoseo indecente» : primero, la falta de respecto que supone que la reforma se lleve a cabo apenas una semana después de la visita de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourovà, a España precisamente para incidir en la necesaria independencia del Ejecutivo respecto al Poder Judicial; segundo, la decisión de llevar a cabo esta reforma otra vez mediante una proposición de ley , lo que implica que vuelve a ignorarse la opinión del órgano de gobierno de los jueces. Y es que llueve sobre mojado. En enero del pasado año el Pleno del CGPJ ya pidió al Congreso que reconsiderara su decisión de llevar a cabo una reforma que le afecta sin consultarle. «El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ve en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones», señalaba aquella resolución. Fuentes del Consejo no descartan que esta reforma en la que el Gobierno se desdice parcialmente respecto a la anterior sea contestada desde el Pleno previsto para la próxima semana.

Para la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, la iniciativa del Gobierno implica "utilizar la ley a su antojo" y "burlarse del Consejo, de los jueces y del Tribunal Constitucional". La portavoz de la APM, María Jesús del Barco, censura en declaraciones a ABC, que la forma de llegar a acuerdos con la oposición sea usar la ley para ese tipo de chantaje". "La ley tiene que ser un instrumento de convivencia, no de coacción" , apunta. Y opina que esto no hace más que demostrar lo que le importa al Gobierno el Poder Judicial y el ciudadano, que es quien al final resulta perjudicado por ese uso a conveniencia de la ley. "Nos cargamos el sistema de pesos y contrapesos", advierte.

De la misma forma, Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de Francisco de Vitoria , considera "desolador" el "uso a la carta de las leyes" por parte del Ejecutivo. Critica no solo "la utilización absolutamente parcial de la ley" , sino la imagen de España fuera de nuestras fronteras respecto al "cumplimiento de los estándares mínimos del Estado de Derecho". De todo esto saca otra conclusión, y es que "cuando quieren, la ley del Poder Judicial se puede cambiar en quince días" , y sin embargo, para modificar el sistema de elección de los vocales jueces "se necesitan estudios sesudos y todo es negativo".

Desde Jueces para la Democracia reconocen que «los vaivenes legislativos» no son buenos pero recuerdan que es el Partido Popular el que ha causado esta situación con su permanente «bloqueo» a la renovación del CGPJ, que si se hubiera llevado a cabo habría posibilitado a su vez el nombramiento de los dos magistrados del TC que dependen del Consejo sin necesidad de tener que volver a tocar la ley que lo regula. El miembro del Secretariado de esta asociación judicial Edmundo Rodríguez pide «un esfuerzo en la negociación» para que el CGPJ pueda renovarse «mañana mismo». Se muestra convencido de que si esto es así se retiraría la proposición de ley. «El problema no es quien intenta solucionar el problema, sino el que lo ha creado», dice Rodríguez, que recuerda las «inmumerables excusas» que ha puesto el PP en los últimos tres años.