El Poder Judicial avisa al Congreso de que tramitar su reforma acelerada vulnera la separación de poderes

En un texto que ha contado con los mismos apoyos que el que salió del Pleno del pasado diciembre, en el que pedían a la Cámara Baja que se les escuchara, los vocales, de distintas sensibilidades ideológicas, avisan de que tramitar esa reforma de forma urgente atenta contra el principio de separación de poderes. Además, "lamentan profundamente» que se «haya hecho caso omiso» de su solicitud, que incluía dar audiencia también a la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) y asociaciones de jueces y fiscales.

«Tales peticiones, fruto de un amplísimo consenso en el seno del Consejo, no eran más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial, como uno de los elementos estructurantes y definitorios del Estado de Derecho por el que este Consejo ha de velar por mandato estricto del artículo 122 de la Constitución», apunta en el acuerdo.

Los vocales no ocultan la «preocupación» del CGPJ por esta «desatención». «Y no, precisamente, porque entienda que la relación entre órganos constitucionales demanda una mínima explicación de la negativa a acceder a lo solicitado. Lo que verdaderamente importa a este Pleno es que la decisión de la Mesa privará al debate parlamentario sobre la reforma promovida y, a la postre, a la ciudadanía del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial.

El Pleno pide, «desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria», que se reconsidere el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados «de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones –eliminándola durante la situación de prórroga del mandato- que el artículo 122 CE le reserva con carácter exclusivo», pues la decisión adoptada «no es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes».

Pero los vocales van más lejos: a su juicio, esa falta de audiencia, «no sólo desconoce el papel del Consejo General del Poder Judicial como garante de la independencia de jueces y magistrados, sino que también le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos de todo Estado de Derecho, basados en el principio de separación de poderes según se han definido en el Derecho de la Unión Europea y en los dictámenes de la Comisión de Venecia».  

El texto recuerda además que ya no se trata de opinar sobre la reforma en sí, sino cómo esta puede incidir en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia «por la falta de cobertura de vacantes en el Tribunal Supremo o la falta de cobertura o renovación de las presidencias de Audiencias y de los Tribunales Superiores de Justicia y sus Salas».

Por último, recuerdan que en el trasfondo de este asunto se está la excesiva prolongación de la prórroga del mandato de este Consejo, y en este sentido , y como ya hicieron en anteriores acuerdos, «instan a las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales para que acuerden su renovación a la mayor brevedad», porque a todas concierne «la apresurada aprobación de unas reformas legales que solo han de abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones».

En opinión de los vocales, esa es la única vía para «liberar a esta institución de su constante cuestionamiento» y para darle una estabilidad «que redunde en beneficio de la garantía efectiva y permanente de la independencia judicial».

Como ha adelantado este jueves ABC, el acuerdo ha contado con los votos en contra de cinco vocales del sector progresista: los del exdiputado socialista Álvaro Cuesta, la abogada Pilar Sepúlveda, la vocal Concepción Sàez y los jueces Rafael Mozo y Clara Martínez de Careaga. Por contra, los también vocales progresistas (y jueces) Mar Cabrejas, Roser Bac y Victoria Cinto, así como el abogado propuesto por el PNV Enrique Lucas han unido sus votos al sector conservador para sacar adelante este acuerdo.