Independentismo versus lengua

Hace pocos días, un grupo de filólogos y gente del ámbito de la cultura (Grupo Koiné) publicó un manifiesto en el que pide que el catalán tenga el estatus de «lengua territorial» en una Cataluña independiente, con el castellano en un plano marginal . El texto choca de pleno con la tesis oficial, de ERC y CDC, de que catalán y castellano tendrán estatus de lenguas cooficiales en una hipotética Cataluña independendiente. Del mismo modo, el manifiesto contradice la estrategia impulsada por el soberanismo de atraer a este campo a sectores castellanohablantes, simbolizada por la candidatura republicana al Congreso, con el citado Rufián a la cabeza.

El citado manifiesto, firmado por un grupo de académicos, profesores universitarios, escritores y lingüistas, lleva por título «Por un verdadero proceso de normalización lingüística en la Cataluña independiente», y considera que el castellano, «lengua de la inmigración, toma a todos los efectos el rol de lengua por defecto» y denuncia que «la ideología bilingüista» no es más que una forma de «encubrir y legitimar la subordinación de una lengua a otra». «Algunos grupos políticos, bajo la capa de la ideología bilingüista, proponen para la futura República catalana que la anormalidad lingüística actual se siga garantizando y se vuelva falsa normalidad», añade el manifiesto. Además, reclama para el catalán estatus de «lengua territorial» y carga contra la «implantación del castellano en Cataluña», fruto de la «bilingüalización forzosa de la población». El mismo texto ve a la inmigración llegada a Cataluña durante el franquismo de «instrumento involuntario de colonización lingüística».

La tesis de fondo del manifiesto, el lenguaje utilizado y el momento de su publicación han causado una profunda incomodidad entre las filas soberanistas:algunos sectores lo han descalificado de plano, mientras que otros se han desmarcado pero sin renegar del mismo por completo. La polémica llegó al pleno del Parlament esta semana, donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, evitó censurar el texto del grupo Koiné. Puigdemont aseguró que su gobierno debe «responder de sus políticas y compromisos, o si de alguna vez firma un manifiesto, cosa que no ha hecho ni hará en el futuro», y recordó que «manifiestos se hacen muchos y de todas las tendencias», por lo que su gobierno no puede «estar posicionándose cada vez» sobre ellos. «El posicionamiento está en nuestro programa de gobierno, que es explícito sobre esta materia», se limitó a decir. En la misma línea, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, defendió la plena garantía de los derechos lingüísticos de los ciudadanos catalanes, «hablen lo que hablen».

Si desde el ejecutivo la reacción fue más bien de cautela, muestra de la incomodidad que genera el debate, desde los partidos la reacción fue algo más contundente. El primer en reaccionar fue el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardá, número dos de una lista encabezada por Gabriel Rufián, miembro del grupo de independentistas castellanohablantes Súmate. Tardá dijo a través de las redes sociales: «La república de Cataluña tendrá como lengua oficial el catalán y el castellano será cooficial. Las dos lenguas nuestras (...). De la misma forma, el líder de DL en el Congreso, Francesc Homs, defendió que el catalán y el castellano sean cooficiales en Cataluña.

La posición del resto de partidos ha sido mucho más contundente. El líder de Catalunya Sí que es Pot en el Parlament, Lluís Rabell, lamenta que sea «la primera vez que aparece una posición racista y fundamentalista cultural que, de alguna manera, es el reflejo invertido de muchas presiones que ha recibido la lengua catalana». Rabell instó a Puigdemont a descalificar un texto que «se permite hablar de la inmigración como elemento colonizador involuntario del Franquismo, cuando esta gente ha sido decisiva en la cohesión social y lingüística de este país» .