El PNV impulsa el «derecho a decidir» en vísperas de que Sánchez busque su apoyo

Son las coordenadas del nuevo «estatus jurídico-político» al que aspiran los nacionalistas vascos, y que recoge el borrador del documento que fijará la hoja de ruta del partido hasta 2020. Remitido a sus afiliados en noviembre, será ratificado el próximo 14 de febrero, en el fin de semana en el que Andoni Ortúzar será reelegido al frente del PNV.

Líneas maestras en las que llevan meses trabajando en Sabin Etxea, donde son plenamente conscientes de que en Ferraz les necesitan para facilitar una investidura de su candidato. Repiten desde el PNV, en su afán por mantener un perfil bajo, que sus seis escaños no son «imprescindibles», pero saben perfectamente que esos apoyos resultarían fundamentales: el PSOE necesita, al menos, el voto afirmativo de Podemos, IU y el PNV para superar los 162 escaños que sumarían PP y Ciudadanos.

El documento en cuestión desempolva viejos anhelos secesionistas de la formación, como el ilegal Plan Ibarretxe, con su propuesta de un nuevo Estatuto para el País Vasco en 2004, y los denominados «acuerdos de Loyola» de 2006, cuando Zapatero promovió contactos con ETA y su entorno en los que se implicó al PNV.

Titulado «Batasuna eta indarra (Unidad y fuerza)», en un guiño a la asamblea celebrada por los peneuvistas en Pamplona en 1977, el texto fue convenientemente filtrado ayer al diario «Deia», que lo presentó como el marco para «conseguir una segunda transición para Euskadi». El PNV da por agotado el actual Estatuto de Guernica, de 1979 -que ya ni siquiera celebra- y habla de una «nueva encrucijada» que considera que debe resolverse mediante un nuevo estatus. Reconocimiento de la nación vasca, bilateralidad en la relación con el Estado y derecho a decidir: es el triple mantra de los nacionalistas.

El cuerpo del documento es el mismo que recoge la propuesta remitida el pasado 12 de enero al Parlamento vasco, para su debate en la conocida como ponencia de autogobierno. La nueva hoja de ruta peca de falta de concreción a la hora de fijar medidas, pero va más allá de la citada propuesta, y perfila los «aspectos sustantivos» de las aspiraciones del PNV, los mismos que trasladará a Sánchez cuando abran formalmente conversaciones.

Recientemente el portavoz en el Parlamento autonómico, Joseba Egibar, anticipaba que darían vía libre al secretario general del PSOE para presidir el Gobierno «si se dieran las condiciones».

Condiciones que pasan porque los socialistas acepten que es necesaria una reformulación del Estado en la que no tiene cabida la solución federal propugnada desde Ferraz, dado que «no sirve si los elementos federados son las comunidades autónomas hoy existentes». El País Vasco, insiste el PNV, es mucho más que una «simple comunidad autónoma». Exigen, además, que esto quede recogido, negro sobre blanco, en un «futuro acuerdo político con el Estado».

Los nacionalistas vascos demandan una reforma constitucional que dé cabida a estas reclamaciones. Abierta esta vía, volverían a presentar, como ya hicieron en 2011, una iniciativa de modificación que reconozca el «derecho de autodeterminación del País Vasco». Conscientes de que serían necesarios dos tercios del Congreso para cambiar la Carta Magna, los nacionalistas vascos emplazaban recientemente a los socialistas a optar por una alternativa: modificar la ley de referéndum de 1980. «Para eso sí hay mayoría. Con el PSOE, si tuviera voluntad, más Podemos, más los 25 diputados en favor del derecho a decidir», deslizaba Egibar.

En cuanto a la «bilateralidad» , el PNV plantea crear un órgano de arbitraje con miembros designados de forma equitativa por «ambas partes». El reconocimiento de la «identidad nacional del pueblo vasco» debería ir acompañado de concesiones como la entrada en la Unesco o la participación de las selecciones vascas en todos los ámbitos deportivos. A la lista se añade una nueva política penitenciaria , que también plantearán a Sánchez cuando recabe su apoyo para ser investido.