Gobierno y PP, a punto de cerrar su acuerdo para renovar el Poder Judicial

Según ha podido saber ABC de fuentes próximas a la negociación, las conversaciones entre la ministra Dolores Delgado y su antecesor, Rafael Catalá, a quien Casado ha encomendado este asunto, no se han interrumpido en ningún momento desde que el pasado agosto los máximos responsables de ambas formaciones dieran luz verde a los suyos para empezar a hablar. Hay una «firme voluntad» por ambas partes de que la renovación se produzca en plazo , sostienen las fuentes citadas. Más ahora, en plena crisis por la gestión del caso de las hipotecas por parte del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, y por ende, de quien le aupó a ese cargo, el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. Tanto el Ejecutivo como los populares coinciden en que esta renovación es fruto de la «normalidad democrática de las instituciones», aunque la campaña de desprestigio del Ejecutivo hacia el Tribunal Supremo no apunte precisamente a eso.

Este lunes concluye el plazo para que los partidos presenten la lista de candidatos que corresponde elegir al Parlamento como vocales del órgano de gobierno de los jueces. Las Cortes deben votar por mayoría cualificada a los 20 vocales del Consejo, de los que 12 deben ser jueces o magistrados preseleccionados por la carrera profesional, y los otros ocho son juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos políticos. En realidad, sólo los grupos parlamentarios popular y socialista lo harán , al tratarse de los partidos mayoritarios y después de que Ciudadanos haya rechazado participar en este proceso al considerar que los doce vocales de procedencia judicial deben ser designados por los propios jueces y no por las Cortes.

El acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP para la renovación del Consejo pasaría por que cada uno proponga diez de los veinte miembros del Consejo y por pactar la presidencia, para la que ya se han barajado nombres pero no está todavía cerrada. Sí está a punto de estarlo la lista de jueces, en la que se partía de 51 miembros de la carrera, entre ellos cuatro que participaron en el polémico Pleno de las hipotecas de esta semana. La presencia de tres de ellos se da por segura: Ángel Arozamena y José María del Riesgo (a propuesta del PSOE) y José Antonio Montero (a propuesta del PP). También se postula la magistrada de esa Sala Inés María Huerta.

Al margen de estos tres, los nombres que están sobre la mesa de los negociadores y que cuentan con muchas posibilidades de estar en el nuevo Consejo son Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial y esposa del juez Pablo Llarena ( es quien ha presentado el mayor número de avales de compañeros, 309); el juez de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, quien llevó la ley hipotecaria al TSJ de la Unión Europea; la juez de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía Inmaculada Montalbán; la juez y exdiputada de Podemos Victoria Rosell ; el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, amigo de la ministra Dolores Delgado, o la decana de Jerez y juez en Sevilla María Reyes Vila.

Entre el grupo de juristas en este momento suenan con fuerza los nombres del presidente de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez; el abogado y exdiputado José Miguel Castillo, y a propuesta del PSOE, la fiscal de Santiago especialista en violencia de género Pilar Fernández. Fuentes próximas a la negociación aseguran que, en principio, ninguno de los protagonistas va a poner vetos a los candidatos que proponga el otro, lo que allanará el camino para la renovación en la recta final que comienza esta semana.

El nuevo Consejo estrenará la reciente reforma que devuelve al órgano de gobierno de los jueces las funciones y competencias que tenía antes de la modificación impulsada en 2013 por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Como principales novedades, los vocales volverán a tener ahora dedicación exclusiva (y no solo los miembros de la comisión permanente) y los nombramientos de altos cargos judiciales serán más transparentes que en anteriores mandatos, pues habrá de motivarse el mérito.

La división entre vocales «de primera y de segunda» que estableció la anterior ley, sumada a la personalidad del propio Lesmes, han convertido el CGPJ en un órgano excesivamente presidencialista y lo han puesto en el centro de la diana de las críticas porque, según denuncian las asociaciones judiciales, no ha sabido reaccionar a tiempo ante ataques injustificados a miembros del Poder Judicial que se han venido sucediendo especialmente en los últimos meses.