Una separación de poderes real, sin justicia politizada

Fuera del plano teórico, la separación de poderes en España tiene una asignatura pendiente en el Poder Judicial . Y no tanto por la independencia absoluta que nuestra legislación atribuye a cada juez en el ejercicio de su labor jurisdiccional, sino por las tachas y dudas de «politización» e «ideologización» que genera el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces; de las presidencias de los Tribunales a cargo del CGPJ ; de la designación del fiscal general del Estado; o del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. En cada proceso de renovación, se reproduce una y otra vez la percepción ciudadana de que comienza un proceso de «intercambio de cromos» entre partidos para fraguar mayorías y minorías ideológicas en función de quién gobierne en cada momento. Ayer, con una gran diferencia respecto a hoy: donde antes PP y PSOE avalaban designaciones en órganos constitucionales vitales, hoy son ya más partidos, sobre todo Ciudadanos y Podemos, pero también los nacionalistas-bisagra, quienes exigen su parte en el reparto de la tarta.

Lograr la despolitización de estos órganos es una tarea compleja porque en nuestro sistema político el mecanismo de elección de cargos para esos órganos es útil y pragmático y porque representa a la voluntad popular ya que su elección debe contar con el visto bueno de las Cortes Generales. El problema surge cuando no es la voluntad popular expresada ante cada partido votado la que decide , sino cada partido en función de sus intereses particulares. De ahí, la eterna percepción de «cambalache» político-judicial.

Desde 1981 hasta 1985, etapa del primer CGPJ conformado en España, fueron los jueces quienes designaron a sus propios representantes en su órgano de gobierno. El PSOE de Felipe González pronto observó el riesgo de un poder judicial no «controlable» o «supervisable» por el resto de poderes, y la ley se reformó proponiéndose un sistema nuevo en virtud del cual eran las asociaciones judiciales y los partidos quienes designarían a los vocales, para un reparto más plural y evitar el riesgo de un corporativismo judicial frente al poder político. En su día, y de eso hace más de 30 años, se justificó bajo la idea de impedir «una dictadura de los jueces» por encima del poder político expresado en las urnas .

El sistema siempre ha adolecido de imperfecciones y, de facto, si un jurista es vetado por alguno de los partidos mayoritarios no tiene opción de acceder al CGPJ como vocal. Se han sucedido varias reformas para tratar de mejorar el funcionamiento del CGPJ . Y se ha intentado dar más participación a jueces no asociados para que no sean las asociaciones -ideológicamente marcadas todas ellas- quienes «coloquen» a sus miembros en detrimento de la pluralidad de la carrera.

En campaña electoral del PP de 2011, Mariano Rajoy incluyó en su programa electoral una iniciativa para que al menos la mitad de los vocales del CGPJ fuesen elegidos por su carrera judicial y no por los partidos. Pero esa idea decayó por falta de acuerdos finales. A la partitocracia le cuesta desligarse de porciones de poder , especialmente cuando del CGPJ dependen las designaciones, por ejemplo, de presidentes de TSJ, Audiencias, Salas del Tribunal Supremo o magistrados de la Audiencia Nacional. La despolitización de este tipo de órganos es una tarea pendiente de la derecha si no pretende seguir participando de la impresión común de que la justicia es una especie de «mercancía» sometida al poder político. Los abusos de la partitocracia en este sentido, de unos partidos y de otros, han sido muchos a lo largo de nuestros 40 años de democracia.

De igual modo ocurre con el proceso de selección de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La queja ciudadana de que el sentido del voto de cada magistrado está predeterminado por la ideología del partido que le propuso se ha instalado como un cáncer en nuestra sociedad. La realidad revela que no siempre es así, y que el grado de unanimidad en las decisiones de nuestro TC es muy alto. No obstante, preasignar ideologías concretas a los magistrados en función de qué partido los avaló durante la negociación de las mayorías está a la orden del día, y prejuzga el sentido de sus sentencias. Una solución que la derecha debería manejar para evitar las sospechas de «pasteleos» continuos sería la de conceder a esos cargos, como a los del Tribunal Supremo, un carácter vitalicio . Ocurre en algunos países, como Estados Unidos, y se trata de un sistema diseñado para blindar a los magistrados de la influencia que pueda ejercer el Gobierno de turno en la toma de decisiones.