El Gobierno se reserva vías legales para aislar a los asintomáticos primando el criterio de salud pública

Ese escenario no es inminente, pero ya se trabaja en ello. El presidente del Gobierno celebró ayer una videoconferencia con los presidentes autonómicos, la cuarta desde que se aprobó el estado de alarma, en la que les solicitó que antes del viernes 10 de abril aporten un listado de infraestructuras públicas y privadas que pudieran habilitarse para aislar a estos pacientes sin sintomatología del Covid-19 .

En la rueda de prensa del comité técnico, la doctora María José Sierra se refirió a este planteamiento como una de las medidas que ir «poniendo en marcha en la siguiente fase», esa etapa de transición en la que puedan mitigarse las estrictas medidas de distanciamiento social. Consistiría en «el aislamiento precoz» de estos perfiles . Sierra explicó que una opción es «el aislamiento en domicilio», pero corroboró que otro planteamiento es el de hacer uso de estas instalaciones . Sierra avanzó además, que en esta fase será importante también otro tipo de test, para detectar qué porcentaje de la población está ya inmunizado.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que esta estrategia estaría pensada «para aislar personas que así lo deseen». Illa también quiso trasladar la idea de que estos eventuales aislamientos no se pondrán en marcha de inmediato, sino que se ha solicitado ya este listado «para tener previstos todos los escenarios». Fuentes gubernamentales aseguran en primer lugar que esa decisión no está todavía definida, pero se apunta a que podría funcionar «como una recomendación sanitaria». Y estaría previsto para casos en los que el aislamiento domiciliario, por cuestiones de entorno familiar o laboral, no fuese eficaz.

No obstante, pese a que el Gobierno trasladó la idea de la voluntariedad, también dejó claro que el criterio prioritario será el de la salud pública. El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, planteó que «una voluntariedad manifiesta» sería «algo factible». Pero advirtió: «si no, se estudiarán todas las posibilidades legales, porque hay un principio fundamental: garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles».

La Ley 33/2011 General de Salud Pública establece en su artículo 5.2 que «será voluntaria» la participación en las actuaciones de salud pública. Pero establece la salvedad de aquello que está previsto en la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en la materia. En el artículo 3 de esta norma se abre el abanico de posibilidades para que un Gobierno pueda actuar: « Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos , de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».

La petición realizada por Sánchez fue recibida de forma dispar por parte de las Comunidades Autónomas. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no fue capaz de «entender» la solicitud, ya que se encuentra todavía en una fase muy embrionaria: «Yo no he entendido muy bien en qué consiste esa propuesta . No sé exactamente para qué, ni con qué fin». Feijóo expresó en la reunión su malestar por el poco material que ha llegado del Estado a su comunidad para afrontar esta crisis. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró que en su región ya se ha adelantado ese trabajo dentro de los planes de contingencia ante los posibles picos de la enfermedad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó los test masivo s como una cuestión crucial para empezar a poder hablar de desescalada, así como el reparto de mascarillas a la población para que «los ciudadanos que puedan ir saliendo cumplan las garantías de protección». Sobre el listado de infraestructuras, aseguró que ya se está «trabajando» y que habrá tanto municipales como regionales. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, hará llegar hoy mismo las propuestas porque «hace tiempo que trabaja en eso» . Las plazas hoteleras podrían cumplir parte de esta tarea.