El Gobierno quiere evaluar a todos los funcionarios para saber su rendimiento
La medida ha sido analizada con los sindicatos, aunque no se ha cerrado el método
Desde que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tomó las riendas de la Función Pública en la última remodelación del Gobierno de Zapatero en abril de 2009, puso la velocidad de crucero para iniciar la reforma de un sector que ... Elena Salgado había dejado en el olvido. Pero esta velocidad de crucero de Fernández de la Vega se quedó atrás el pasado miércoles con la alta velocidad que el presidente Zapatero anunció en el debate económico, al proponer que, en algo más de un mes, el 31 de marzo, su Gobierno va a aprobar un programa de racionalización y reducción de estructuras de la Administración General del Estado. Lo que no ha conseguido en seis años lo quiere hacer en un mes. Pero no lo puede hacer sólo, ya que tendrá que sentarse a pactar con los sindicatos, en el marco del acuerdo Gobierno-Sindicatos (UGT, CC.OO. y CSIF) que se firmó en septiembre de 2009 y que abrió el diálogo social para negociar la nueva Ley de la Administración General del Estado. Un texto que debe estar aprobada antes de junio para iniciar su tramitación parlamentaria.
Grupos de trabajo
Fruto de ese acuerdo para el diálogo social se crearon grupos de trabajo y, una vez al mes, se reúnen con Fernández de la Vega para hacer un seguimiento de la situación. Entre los temas que se analizan en estos grupos de trabajo, uno de los más llamativos es la necesidad de que el Gobierno realice una «evaluación del trabajo de los funcionarios para saber lo que hace cada uno», señala a ABC el presidente de la CSIF, Domingo Fernández. Este examen es una condición previa antes de llevar a cabo la reducción que anunció Zapatero, ya que tendrán que ver de qué departamentos hay que retirar personal y por qué. La necesidad de evaluar el rendimiento de los funcionarios es una idea compartida por los sindicatos, aunque «hay que buscar el método para hacerlo». En este sentido, el responsable de Función Pública de Comisiones Obreras, Enrique Fossoul, reconoce que no se «ha determinado el método de cómo se va a hacer».
Pero el principal problema para realizar esta evaluación no es el método, que habría que negociar, sino el tiempo, tras el compromiso de Zapatero. Aunque todavía no se conocen los términos del programa de reducción, el presidente de la CSIF señala que «no es posible que se lleve a cabo en un mes» la evaluación y que, sobre todo, tendrá que hacerse dentro de una negociación. Lo que parece un problema para el representante de la CSIF, no lo es tanto para el de CC.OO. que afirma que «si se ponen manos a la obra sí somos capaces de hacerlo en un mes», pero considera una «improvisación» el anuncio del presidente. A su juicio, «al Gobierno le ha entrado un miedo escénico, tras las presiones de la UE, y se ha puesto a correr». Además, advierte que este anuncio tiene que ser fruto de una negociación, «sería una barbaridad que lo hiciera vía decreto».
Jubilación anticipada
Antes de que Zapatero hiciera su promesa, los sindicatos se reunieron con Fernández de la Vega, que les transmitió la idea del Gobierno de agilizar la negociación y apuntó la posibilidad de que, el próximo día 2 de marzo, comparezca en el Congreso para explicar los planes del Gobierno en esta materia.
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