El Gobierno pide al Supremo que disuelva los grupos municipales de ANV en 125 ayuntamientos

El escrito del abogado del Estado, presentado junto con el que insta la ejecución de la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), alude a la propia jurisprudencia del alto tribunal para justificar que los concejales de ANV, pese a que no pierden su condición de tales, no pueden integrarse en un nuevo grupo político (mixto) en sus respectivos ayuntamientos, sino que "tendrán la consideración de miembros no adscritos".

El documento remitido hoy a la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, de 23 páginas, solicita también al Supremo que disuelva los grupos de ANV en las Juntas Generales de Vizcaya y Alava dirigiendo a las mismas el oportuno mandamiento judicial, "así como el cese en el abono de toda cantidad que vinieran percibiendo dichos grupos".

Para ello, la Sala del 61 deberá dirigir el correspondiente mandamiento "a las administraciones públicas autonómicas, forales o locales que los estuvieran satisfaciendo". Paralelamente, instan la designación de tres liquidadores de Hacienda para que trabajen en el proceso de liquidación patrimonial de ANV "para que la lleven a cabo hasta dar al patrimonio neto resultante de la liquidación el destino establecido en la ley".

Al igual que se ha solicitado en el escrito referido al PCTV, se insta al Supremo a que comunique la sentencia de ilegalización a la Junta Electoral Central (JEC) con el fin de que tenga en cuenta lo decidido de cara a los próximos procesos electorales.

Las peticiones de los Servicios Jurídicos del Estado se efectúan con independencia de la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, del recurso de amparo presentado por ANV contra su ilegalización. Según el escrito presentado hoy, "esta circunstancia no priva de su fuerza ejecutiva" a la sentencia de ilegalización.

A ello lo que hay que añadir que la Abogacía ya se opuesto ante el Constitucional a la petición de ANV para que la ilegalización sea suspendida mientras se tramita el recurso de amparo.

Respecto a la disolución de los grupos municipales, el abogado del Estado justifica su petición en que la disolución de ANV "se debe proyectar no sólo sobre su actividad política general, sino también, evidentemente, sobre su actividad institucional, sin perjuicio de los derechos o el estatus singular de cada uno de sus electos".

En el aspecto local, "la consecuencia de la sentencia cuya completa ejecución aquí se postula es el obligado pase de todos los concejales que hubieran sido elegidos en las litas del partido político disuelto ANV/EAE a la condición de concejales no adscritos, sin pertenecer a ningún grupo". Lo mismo ocurre en el caso de los miembros de ANV que conforman grupos en las Juntas Generales.

En cuanto a la liquidación patrimonial, a juicio del abogado del Estado se identifica como bienes de ANV los que fueron objeto de embargo con ocasión de la suspensión cautelar de actividades del partido, ordenada el pasado mes de febrero. A ellos se deben añadir "cualesquiera otros que fueran identificados en el curso del procedimiento". En especial, se señalan como bienes sujetos a la ejecución las subvenciones a abonar por la Administración del Estado por resultados electorales en los comicios locales de 2007 (157.471,47 euros) y por envíos electorales de la misma convocatoria (112.630,00 euros). Estas cantidades no llegaron a cobrarse, según concreta el abogado del Estado, como consecuencia del auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que suspendió de actividades a la formación en relación con la causa penal que tramita contra ella.