El Gobierno no facilita actas de la mesa de diálogo por ser alegal

Al amparo del artículo 7 del Reglamento del Congreso , Bal exigió una relación de las actas de la reunión entre los miembros del Gobierno de España y los del Govern autonómico de la Generalitat de Cataluña . La respuesta, a la que ha tenido acceso ABC, está fechada el pasado 7 de octubre y se limita a interponer excusas para no ofrecer detalle alguno más allá de los ya conocidos por la opinión pública.

Para empezar, el Gobierno garantiza que la reunión con el Ejecutivo catalán «tuvo como fundamento la lealtad constitucional», a pesar de que los independentistas exigen que en la 'mesa de diálogo' se debata abiertamente del 'derecho de autodeterminación' y de la 'amnistía' , que no están contemplados en la Carta Magna. De momento, y antes de que se celebrase este encuentro, Sánchez ya indultó a los líderes del 'procés' condenados por sedición y malversación a hasta trece años de prisión. Y los separatistas insisten en emprender un diálogo hacia una única meta posible: el referéndum.

El PSOE por ahora cierra esta puerta tajantemente, pero nadie sabe a ciencia cierta qué se habla en esas conversaciones ajenas a la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados , y al Parlamento autonómico catalán . El pretexto del Gobierno para no facilitar actas de estas citas se encuentra en el segundo de los cuatro párrafos de los que consta la réplica a Cs: «La mesa de diálogo no está regulada por una previsión legal específica y carece de un reglamento concreto, tal y como, por otra parte, ha ocurrido con otros foros de cooperación en el pasado».

«En cualquier caso –añade el Ejecutivo ya en el tercer párrafo–, el Gobierno de España ha dado amplia información de quiénes acudieron a dicha reunión, de dónde tuvo lugar, de los objetivos que se perseguían y de la metodología de trabajo». Así pues, para la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes , de la que parte la contestación, no es necesaria más información a la opinión pública. Para más inri, remite en su respuesta a la 'Agenda para el Reencuentro' , un documento «público y disponible en la web de La Moncloa ».

La 'Agenda del Reencuentro', de veintinueve páginas, es básicamente la propuesta genérica que el Gobierno tiene para Cataluña y para destensar la situación tras los conflictivos años del 'procés', pero no puede estar más alejada de las pretensiones del separatismo. Además, es una hoja de ruta del Ejecutivo que viene de lejos, ya de los encuentros que mantuvieron Sánchez y el anterior 'president' de la Generalitat, Quim Torra , y en ningún caso es un documento nacido de la reunión del 15 de septiembre ni unas actas de la misma, que es lo que pedía Cs. En aquella fecha se volvió a presentar, pero ya se había hecho pública en la cita del 6 de febrero del 2020. Sánchez entregó entonces a Torra ese escrito.

Por último, el Gobierno cierra su respuesta insistiendo en que cualquier decisión que se pueda adoptar en la 'mesa de diálogo' se ajustará «siempre» a los procedimientos «expresamente previstos» en el ordenamiento jurídico y en los órganos competentes. Esta contestación sale a la luz en un momento en el que ERC , socio clave del Gobierno en los Presupuestos que ahora ve «lejos» la posibilidad de apoyar la reforma laboral , aprieta para que se celebre otra reunión de este foro , que ha llegado a reclamar que sea ahora en el mes de enero.

«Basta ya de excusas, basta ya de maquillajes con lo que es una mesa del chantaje», exclamó ayer Bal en rueda de prensa, en el Congreso, desde donde denunció la actitud del Ejecutivo de coalición: «Le pedimos al Gobierno que nos dé las actas y nos contesta que la 'mesa de diálogo' no es un órgano administrativo, que no hay acta, que es una mesa informal...».

Cs, junto al Partido Popular y a Vox , se opone firmemente a la celebración de la 'mesa de diálogo' y reclama que cualquier solución para Cataluña se aborde desde el Parlament o desde el Congreso, con voz y voto de todos los partidos allí representados, y ateniéndose siempre a las mayorías previstas tanto en la Constitución como en el Estatuto catalán.