El Gobierno confía en no tener que decidir sobre los indultos antes de las elecciones catalanas

El espacio de los comunes es el que más aprieta para acelerar esta situación. Es, de los tres actores en liza, el único que públicamente defiende un entendimiento. Y el único que puede reclamar sin dudas la aprobación del indulto. Porque ERC sigue izando la bandera de una amnistía para la que no hay soporte legal y el PSC intenta no entrar en una cuestión que puede arruinarle su capacidad de recuperar electorado que en 2015 y 2017 se fue a Ciudadanos y la abstención.

Ayer, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), gran defensor del Gobierno de coalición y con interlocución fluida en ambas partes, realizó una aproximación positiva respecto a esta medida: « La democracia es generosidad para afrontar, superar, recuperar, cualquier situación de grave conflicto político. Con respeto a lo que el Gobierno haga, las medidas de generosidad que se puedan adoptar, que se deliberen, sin prejuzgarlas, desde luego contarán con mi apoyo decidido (...) En toda mi experiencia política he visto que los conflictos más difíciles nunca se solucionan manteniendo las posturas más inflexibles. Los conflictos más difíciles siempre se solucionan con inteligencia, aproximación, acercamiento y muchas veces generosidad».

En el Gobierno, por el momento, se ha apuntado a un proceso largo. Y las declaraciones tanto públicas como privadas abundan en que es «difícil» que la cuestión pueda resolverse antes de las elecciones en Cataluña, previstas para el próximo 14 de febrero. En La Moncloa apuntan a que la elaboración de los preceptivos informes por parte de la Fiscalía y del Tribunal Supremo «tardan bastante».

No obstante, en fechas recientes se es menos tajante respecto a la imposibilidad de que sea factible tomar la decisión antes de las elecciones catalanas, generándose la sensación de que los plazos se podían acelerar. Pero ayer mismo, fuentes de la dirección socialista y del Gobierno volvían a alargar los plazos y a considerar imposible que tengan que pronunciarse antes de las catalanas: «Si es que van, no es posible que vayan antes de esta fecha (electoral)», zanja, tajante, un miembro del Ejecutivo.

Hay miembros del Gobierno que en privado reconocen que existe el consenso de que es necesaria la salida de los presos independentistas para favorecer el proceso de «normalización» en Cataluña. Singularmente, los de Unidas Podemos. Las decisiones del Ejecutivo parecen caminar en esa dirección. Con los indultos existe más complejidad, menos claridad, porque, aunque no son vinculantes, se da por hecho que los informes de la Fiscalía y del Supremo serán contrarios a la aplicación de esta medida de gracia. En cambio, lo que sí está previsto que llegue antes de las elecciones catalanas es la reforma del Código Penal que rebajará las penas de los condenados por el delito de sedición.

En cualquier caso, todo lo que haga el Gobierno del PSOE repercutirá en la campaña y, sobre todo, el resultado electoral del PSC el 14-F. Las encuestas sitúan a los socialistas catalanes que lidera Miquel Iceta ganando escaños respecto a las elecciones de diciembre de 2017, cuando se llevó 17 de los 135 a repartir, pero su crecimiento parece estancado en los 23 asientos, lejos de poder competir de tú a tú con Junts y ERC por ganar las elecciones.

Con este panorama, Iceta tendrá poco margen de maniobra si los socialistas son determinantes para un tripartito con ERC y los comunes en el Parlamento autonómico catalán. En las filas del PSC aseguran, en público y en privado, que no habrá tripartito (con reminiscencias al periodo 2003-2010), pero son conscientes de que si el PSOE les «obliga» Iceta no tendrá ningún «as en la manga» para negarse a formar parte de una Generalitat que esté presidida por ERC. Eso sí, podría suponer la renuncia definitiva de los socialistas a ser alternativa a los independentistas. Así, al menos, lo reconocen dirigentes históricos.

Por esto, el PSC no comparte con los comunes y Podemos que se lleve a cabo el indulto a los líderes del «procés» antes del 14-F. Sería munición para sus rivales políticos, sobre todo Cs, a los que las encuestas dan por muy tocados (de los 36 actuales pasarían a 14-13 escaños) y podrían utilizarlo en contra de los de Iceta. Algo similar ha ocurrido con la llamada «ley Celaá», que ha desgastado al PSC en un asunto como el de la lengua vehicular en las escuelas, cuando los socialistas catalanes han iniciado un giro (aunque sueve) en su defensa de la inmersión lingüística obligatoria. Justo ahora el PSOE los deja de lado y pacta con ERC y los comunes a espaldas del PSC.

En esta estrategia, con la idea de que si hay que pactar con ERC es mejor hacerlo quedando por delante de Pere Aragonès, desde el PSC se insiste (el último, ayer, el eurodiputado Javier López) en que la «batalla» del 14-F va de elegir «como presidente» a «Aragonès o Iceta».

La dirección del PSC, además, sigue negociando con grupos de la órbita catalanista de derechas para incorporarlos a las listas con la intención de sumar votos de un espacio que el «procés» volatilizó y que en su día se agrupaba alrededor de CiU.

Aunque parece difícil incorporarlos a todos, Units per Avançar sí repetirá en las listas socialistas el 14-F, con Ramon Espadaler en una posición de salida como diputado autonómico. El fin de semana, según confirmaron a ABC fuentes conocedoras de la reunión, se vieron con los líderes del PSC representantes de la Lliga Democràtica y Lliures, pero el acuerdo entre ambas partes sigue lejos.

Así, en el PSOE de Pedro Sánchez tienen claro que los objetivos son mantener La Moncloa y conseguir estabilidad en el Congreso. Y estos fines se los puede ofrecer ERC más que el PSC, de ahí que los socialistas catalanes necesiten que el Gobierno ponga en marcha los indultos... después del 14-F.