El Gobierno no dará los nombres de los expertos del comité para la desescalada porque son funcionarios

La razón de este secretismo, como explicó hace unos días la portavoz María Jesús Montero , es que son «funcionarios habituales, miembros del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias». Ellos son los encargados de asesorar al ministro de Sanidad, quien termina dictando la decisión de qué zonas de España cumplen los requisitos y cuáles no.

En el mismo sentido se manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , el pasado sábado cuando le preguntaron el motivo por el que no hacía público estos nombres. Sin responder de manera clara, Sánchez se limitó a declarar que el Gobierno está siendo asesorado por expertos y funcionarios de «una extraordinaria calidad» desde el punto de vista «científico y del compromiso de servicio público».

El Gobierno, por tanto, no se mueve de la posición inicial que ya fijó el doctor Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, cuando al anunciar la creación de este órgano se negó a facilitar el nombre de los expertos.

«No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque, en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre, por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad», dijo.

A la oposición esto le parece inaceptable. Tanto el líder del PP, Pablo Casado , como el presidente de Vox, Santiago Abascal , han exigido al Ejecutivo que dé a conocer el listado de integrantes de ese comité de expertos. «Un comité secreto, un comité de encapuchados, va a decidir sobre la salud y la vida de los españoles», ha señalado el líder de Vox, mientras que Casado ha afirmado que los españoles tienen «derecho» a saberlo, máxime cuando lo dice la Ley General de Salud del año 2011.

La ley de Salud Pública , aprobada en 2011, señala en su artículo 11 que las «administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo».

«A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente».