El Gobierno incumple la ley al ocultar el nombre de los expertos que deciden sobre las fases de desescalada

La ley de Salud Pública, aprobada en 2011, señala en su artículo 11 que las «administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo».

«A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública , los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente».

Respecto a la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social , que se ha formado este jueves en el Congreso para debatir propuestas sobre la recuperación de la crisis del coronavirus , Pastor ha asegurado que el PP no la utilizará para controlar la acción del Gobierno. «Si hay que pedir responsabilidades habrá otros lugares», ha señalado, para después reivindicar que los debates sobre «el futuro de nuestro país» deben ser en «la sede de la soberanía nacional».

Así, ha defendido llegar a acuerdos para tener «un sistema sanitario más fuerte» y no ha descartado «propuestas coincidentes» en materia económica o de empleo. « Lo que queremos es llegar a acuerdos », ha concluido Pastor, quien también ha dicho que examinará «las medidas tras el estado de alarma» para realizar un «diagnóstico certero» de la situación «y proponer estrategias e iniciativas para revertir las consecuencias negativas».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , también ha exigido al presidente del Gobierno que haga públicos los nombres del comité de expertos de la desescalada en el confinamiento y los fundamentos sobre los que se adoptan las decisiones, una «mínima exigencia democrática».

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Maite Pagaza , solicitaba este jueves a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la decisión el Gobierno de no revelar el nombre de los expertos, ya que consideran que «puede afectar a la libertad de prensa y a la debida transparencia de la administración pública».