El Gobierno de Mas no podrá aprobar las leyes secesionistas

Y, a nivel parlamentario, tampoco pueden tramitarse iniciativas legislativas porque las Comisiones de la Cámara catalana, órgano de debate de las iniciativas legislativas, no pueden constituirse hasta que no se apruebe la investidura del futuro presidente. Los grupos pueden presentar proposiciones de ley, pero no podrían avanzarse en su elaboración. No es descartable, por tanto, que Junts pel Sí y la CUP ejerzan la desobediencia prometida al Tribunal Constitucional y presenten iniciativas parlamentarias para impulsar las leyes del proceso constituyente, de la hacienda pública y de la seguridad social. El acuerdo de desconexión pactado por ambas formaciones independentistas y aprobado el pasado lunes en la Cámara autonómica, contempla el compromiso de comenzar a tramitar esas tres normas antes de un mes.

En este sentido, Catalunya Sí Que Es Pot, coalición en la que participa Podemos, pidió el miércoles a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobre los efectos de la suspensión del TC sobre la actividad del Parlamento catalán y sobre los miembros de la Mesa del «Parlament».

Lanzar un desafío de estas características al Estado forma parte de la estrategia de escenificación que los secesionistas van a continuar practicando. Hacerlo en vísperas de las elecciones generales del 20-D garantiza un cierto revulsivo entre el electorado de Junts pel Sí -la CUP no se presenta a esos comicios- que, además, puede completar su hoja de servicios separatistas ante los antisistema en este nuevo período de negociaciones que se abre a partir de hoy.

La formación liderada por Antonio Baños se comprometió ayer a no separarse de esa mesa de negociaciones , lo que ha supuesto un balón de oxígeno para Junts pel Sí. Dicho de otra manera, en la coalición de Mas existen buenas vibraciones respecto a la posibilidad de que, a la tercera sesión de investidura, vaya la vencida. Algo que, según aseguran fuentes de los grupos de la oposición, suena a que «todo está pactado» y que el pulso entre JpS y la CUP responde a un guión preestablecido.

Apoya esta teoría el hecho de que a ninguno de estos partidos interesa que haya un nuevo adelanto electoral -si el 9 de enero no ha sido elegido un nuevo presidente, el Parlamento catalán se disolverá y se convocarán nuevas elecciones-, porque es muy probable que la CUP haya tocado su techo electoral (10 diputados), mientras que Junts pel Sí podría perder definitivamente a su votante moderado, dadas las muestras de complicidad antisistema y rupturista que está dando Artur Mas estas últimas semanas. Además, tras las generales del 20-D, el voto independentista «antiRajoy» se habrá desinflado. «Las elecciones anticipadas son reaccionarias, no revolucionarias», dijo Antonio Baños en la sesión de investidura.

El tiempo dirá si el acuerdo final pasa por el adiós de Artur Mas -ERC está al acecho desde hace tiempo- o por una de esas fórmulas imaginativas que sugiere la CUP, que acaba de rechazar la idea de un presidente con poderes delegados en tres vicepresidencias . Pero lo que está claro es que el dirigente convergente se mantendrá firme hasta el 20-D para no enturbiar la campaña de CDC, que se presenta en solitario desgajada de Esquerra. Por su parte, la CUP no tomará ninguna decisión antes del 29 de noviembre, fecha en la que se celebrará una jornada en la que los dirigentes antisistema informarán de primera mano a la militancia del estado de las negociaciones «ante el grado de intoxicación e informaciones sesgadas que envuelven todo el proceso».

Asimismo, los antisistema han anunciado que distribuirán 50.000 ejemplares de un documento que contiene sus bases para lograr un acuerdo con Junts pel Sí con el título «¿Y ahora qué? Manos a la obra». Sobre la negociación por la investidura del presidente de la Generalitat explican que «la clave era el qué, el cómo y el cuándo antes de abordar quién» debería ocupar la presidencia que debería ser necesariamente «coral y mancomunada» para visualizar «un país, ya, de todos». Las propuestas de la CUP se materializan en tres mesas de diálogo destinadas a conseguir «un acuerdo de mínimos» que se resumen en «independencia, pobreza cero y basta de corrupción».

Y mientras el Gobierno catalán y el Parlamento autonómico entran en una fase de parálisis, con la incertidumbre y la inestabilidad que ello supone para la ciudadanía, el mundo independentista se intenta rearmar en la calle, tras asumir que el activismo social en favor de la independencia ha perdido fuelle . De hecho, la sesión de investidura celebrada esta semana, que estaba llamada a ser una «jornada histórica», apenas logró reunir a un centenar de personas ante la sede del Parlamento catalán, a pesar de la pantalla gigante instalada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia. La ANC, cuya líder Carme Forcadell es la actual presidenta del Parlamento catalán, ha convocado para el próximo domingo una concentración ante el hemiciclo para defender la «unidad» de todos los independentistas y hacer frente a «posibles ataques por parte de los organismos del Estado español». En un comunicado, la ANC pide a los diputados de Junts Pel Sí y la CUP «unidad para tirar adelante el proceso», y hace un llamamiento a todas sus asambleas territoriales y a todos los catalanes para hacer visible el «apoyo ciudadano» a la ruptura con España.