El Gobierno decreta el estado de alarma y quiere prorrogarlo hasta el 9 de mayo

No será como en el mes de marzo, pero las medidas son drásticas . El Gobierno ha aprobado un decreto que entrará en vigor esta misma tarde. El presidente del Gobierno ha anunciado que desde el primer momento la autoridad delegada será el presidente de cada comunidad autónoma. En este sentido, el Real Decreto habilita a cada región a dictar el confinamiento perimetral de su región o de parte de ella.

El texto impone un toque de que queda en todo el territorio salvo en las Islas Canarias. Se instaura una limitación a la movilidad nocturna entre las once de la noche y las seis de la mañana. Aunque se va a otorgar un margen a las regiones para que puedan adelantarlo o atrasarlo una hora. Es decir, cada gobierno podrá decidir si anticiparlo a las diez de la noche o retrasarlo a la medianoche. Del mismo modo, cada presidente autonómico podrá decidir si adelante a las cinco de la mañana o retrasa a las 7 de la mañana el levantamiento de las restricciones.

Además, la intención del Gobierno es prorrogarlo durante seis mes. Aunque eso es una intención política que, por ahora, no es segura. El presidente ha anunciado que solicitará la prórroga este mismo martes y que quiere que se vote la prórroga esta misma semana una solicitud de extensión durante seis meses, hasta el 9 de mayo . Pedro Sánchez se ha comprometido a que procederá a su retirada si la situación mejora.

El Gobierno ha aprobado un texto que, como legalmente está previsto, solo tiene vigencia durante 15 días. Tendrá que ser el Congreso de los Diputados el que vote la extensión del mismo. El Ejecutivo quiere que el PP apoye esta extensión. Varias comunidades gobernadas por los populares, como Castilla y León o la Región de Murcia, han anunciado sus propias medidas de restricción de la movilidad nocturna. Como la Comunidad de Madrid. Pero son reacias a hablar del estado de alarma, ya que el PP ha estado durante meses demandando una reforma legal que evitase tener que recurrir a este mecanismo.

El estado de alarma se puede decretar durante 15 días por el Consejo de Ministros. Vencido ese plazo tiene que prorrogarse por el Congreso de los Diputados. En marzo el Gobierno optó por ir prorrogándolo con carácter quincenal. Pero la norma no especifica la duración de estas prórrogas.

Lo que sí está claro es que el Gobierno entiende que esta medida debe extenderse en el tiempo. Y no limitarse a 15 días como ha sucedido con el reciente estado de alarma limitado a la Comunidad de Madrid y que decayó ayer sábado. La duración de este marco excepcional no depende por tanto del Gobierno, sino que deberá aprobarse en el Congreso de los Diputados con el concurso de la oposición. Al haber solicitado la medida el País Vasco y Cataluña, el Gobierno ya cuenta con apoyos necesarios para poder prorrogar el estado de alarma. Además cuenta con los 10 escaños de Ciudadanos que Inés Arrimadas ofreció el viernes . No obstante, el Ejecutivo quiere que el PP no esté en contra de esta aplicación. Formalmante lo han solicitado País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares. Aragón y Canarias, gobernadas por el PSOE, no lo han solicitado pero lo apoyarán.

A su vuelta del Vaticano, donde ayer fue recibido por el Santo Padre, el presidente del Gobierno formalizó lo que ya se sabía desde el viernes por la noche: la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para estudiar los términos de un nuevo Real Decreto de estado de alarma.

En el día de ayer el Gobierno estuvo terminando de rematar el texto. Fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno aseguraban en la noche de ayer que se acudía a la cita con el decreto ya muy avanzado. Aunque finalmente, y como de costumbre, la reunión se ha extendido más de lo previsto. El Gobierno no ha querido esperar al próximo martes, a su reunión ordinaria. Con el objetivo de separar los diferentes ámbitos de actuación y dejar espacio ese día para la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

El Gobierno ha rechazado durante estos meses intervenir de oficio en la gestión de la segunda ola. Se ha instalado en el discurso de la «cogobernanza», basándose en un intento por coordinar a las regiones a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Este modelo de cogobernanza ha fracasado porque las Comunidades Autónomas carecían de un soporte legislativo en el que tomar decisiones que en ocasiones limitaban un derecho fundamental como es la libertad de movimientos. Muchas regiones han estado amparándose en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en materia de Salud Pública.

Pero esa norma se limita a una redacción muy genérica . Algunos Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas han avalado los confinamientos perimetrales de determinadas poblaciones pero no de otras. El PP quería reformar esa ley orgánica para darle más garantías y no tener que recurrir al estado de alarma. El Gobierno prometió en el mes de mayo una reforma en esta dirección, para no tener que recurrir al estado de alarma de nuevo. Pero no cumplió.

Es en ese contexto en el que hoy el Consejo de Ministros tendrá que aprobar un nuevo estado de alarma en virtud del artículo 116 de la Constitución para darle soporte legal a las decisiones que van a tener que tomar las Comunidades Autónomas.

Existe consenso en las regiones respecto a la conveniencia de aplicar un toque de queda para limitar la movilidad nocturna. Algunas regiones han avanzado ya sus medidas al amparo de la ley orgánica 3/86, pero el visto bueno de los tribunales al respecto es una incógnita. La aplicación de estas medidas bajo el estado de alarma resolverá estas dudas jurídicas y habilitará a la toma de decisiones excepcionales .

El principio que regirá este nuevo estado de alarma será diferente al de marzo, cuando el Gobierno concentró toda la gestión. Ahora serán los presidentes autonómicos los que concentrarán el mando único en cada uno de sus territorios. Cada uno irá adoptando medidas en función de su situación epidemiológica. La medida que será generalizada desde un principio será ese llamado toque de queda para limitar la movilidad nocturna.

Según los últimos datos acumulados España tiene una Incidencia Acumulada de 362 casos por 100.000 habitantes. El Gobierno ha establecido que a partir de 250 se considera riesgo extremo. Pedro Sánchez defendió el viernes que el objetivo debe ser reducir la incidencia hasta 25 casos por 100.000 habitantes. Un objetivo que aboca a semanas de excepcionalidad, con el objetivo inminente de poder reducir la curva de cara a las navidades.