El Gobierno convierte la exhumación de Franco en un activo de campaña

En el primer Consejo de Ministros una vez concluido el plazo de alegaciones para que la familia Franco se pronunciase sobre el lugar de reinhumación, y después de que ésta presentara un recurso ante el Supremo en busca de la suspensión cautelar del proceso, el Ejecutivo no dejó pasar ni un minuto y dio el último paso que estaba en su mano: fijar fecha y lugar de reinhumación ante la falta de acuerdo con la familia.

El asunto, de igual modo, permitió al Ejecutivo pasar de puntillas sobre otras cuestiones de calado, como cuáles serían sus actuaciones en el caso de que la Generalitat de Cataluña no cumpliese las disposiciones de la Junta Electoral Central respecto a la retirada de esteladas y lazos amarillos. Lo que no pudo evitar el Gobierno, sin embargo, ha sido ver cómo la exhumación de Franco, una de sus medidas estrella, se ha ido dilatando en el tiempo. Estamos en marzo de 2019 y la intención inicial fue acometer este proceso en el verano de 2018.

Un retraso que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, justificó por la falta de entendimiento con la familia: «En el escenario en que la familia hubiese entendido la ley y se hubiera hecho cargo habría sido muy rápido», aseguró ayer la número dos del Ejecutivo. En este asunto Calvo siempre ha dirigido la respuesta del Gobierno, salvo una ocasión en la que compareció la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en lugar de la portavoz del gabinete, Isabel Celaá.

Pero esa dilación ha condicionado, y lo seguirá haciendo, el punto final de un proceso que todavía es una incógnita. En primer lugar porque la fecha escogida ( 10 de junio ) se sitúa fuera de la actual Legislatura. Esto es algo que ayer provocó el rechazo de Podemos, principal aliado de Pedro Sánchez: «Se comprometieron a sacar al dictador del Valle de los Caídos. Ahora dicen que el próximo Gobierno a lo mejor lo hace. Algo hemos aprendido: ciertas cosas solo ocurrirán si Unidas Podemos gobierna», aseguró un Pablo Iglesias que se aferra a este discurso, el de la supuesta falta de compromiso del PSOE, como una forma de cortar su tendencia electoral a la baja.

El Gobierno, con la elección de la fecha, no ha querido dar pie a un nuevo conflicto con la Junta Electoral Central. Calvo defendió que se trata de una jornada «al margen» de las dos convocatorias electorales que están por venir (el 28 de abril y el 26 de mayo). Además de que con este plazo, argumentó la vicepresidenta, se protege el derecho de la familia a la «tutela judicial efectiva».

Pero a la vez en La Moncloa, se cubren las espaldas, ya que entienden que cuando llegue el día 10 de junio es altamente improbable que haya habido un cambio de Gobierno que pueda revertir esta decisión. Las elecciones son el 28 de abril, la constitución de las Cortes será el 21 de mayo y ese será el día en que se producirán las primeras alianzas para la formación de la Mesa del Congreso. Pese a ello es muy difícil que haya pactos antes de los comicios autonómicos y municipales del 26 de mayo. Con todo el proceso de consultas ante el Rey, en el Gobierno dan casi por seguro de que llegarán al 10 de junio aunque sea en funciones.

Además, algo fundamental, es que con el paso dado ayer por el Gobierno de Sánchez, si un nuevo Ejecutivo decidiese no proceder a esta exhumación, debería «modificar la norma que obliga a hacerlo», como recordó ayer Calvo. De lo contrario, este acuerdo obliga «a cualquier Gobierno que esté». Es decir, que en el difícil supuesto de que hubiese otro Ejecutivo, una de sus primeras medidas tendría que ser aprobar un Real Decreto que anulase el aprobado por este Gobierno para modificar la Ley de Memoria Histórica y plasmar que en el Valle de los Caídos solo podrían reposar los restos de personas fallecidas durante la Guerra Civil: «Solo cabe o la modificación o la Ejecución» de un acuerdo del Consejo de Ministros.

De esta forma, el gran compromiso de Sánchez no podrá ejecutarse antes de las elecciones, convirtiéndose en un elemento más de la campaña electoral. Pero lo cierto es que la falta de acuerdo con la familia abre un horizonte judicial que ha arrebatado al Gobierno el control de los tiempos. En estos momentos el proceso queda en manos del Tribunal Supremo que, si aceptase las medidas cautelares, lo detendría.

Así lo reconoce el Ejecutivo en un comunicado emitido ayer: «Ello sin perjuicio de que dicha fecha pueda ser pospuesta si el Tribunal Supremo suspendiera y/o anulara el Acuerdo de 15 de febrero, en el seno del procedimiento contencioso en curso». Calvo defendió que el Gobierno está pendiente de la decisión del Supremo -«No estamos en lo que haga el Supremo, solo al acatamiento de sus resoluciones», subrayó-, y reconoció igualmente que, a la espera de dicho dictamen, el Ejecutivo ha puesto «en marcha los elementos para la ejecución de este acuerdo».

El Gobierno, no obstante, muestra su convencimiento en privado de que el Supremo no impondrá medidas cautelares. Y estas fuentes justifican que hayan tenido que decidir el lugar de reinhumación ante «la falta de designación de un destino alternativo compatible con la garantía del orden público y la seguridad ciudadana, lo que hace necesario que el Gobierno ejercite su facultad subsidiaria de decisión».

En sus últimas alegaciones, presentadas el pasado 7 de marzo, la familia insistió en que si se producía la exhumación, los restos descansasen en la basílica anexa a la Catedral de la Almudena. Un lugar en el que la familia viene insistiendo desde el principio y que Calvo definió ayer como «improcedente»: el informe de la Delegación de Gobierno de Madrid lo rechazó por motivos de seguridad y orden público.

Pese al nuevo anuncio del Gobierno, que no cambia mucho la situación judicial al seguir supeditado el proceso a la decisión del Alto Tribunal, el posicionamiento de la familia Franco es el mismo que semanas atrás: no se plantean la exhumación del Valle de los Caídos ni aunque el Ejecutivo haya designado para la reinhumación el panteón donde se encuentra enterrada la esposa del dictador, Carmen Polo.

Así, los familiares de Franco permanecen, igual que el Gobierno, a la espera de la decisión del Supremo. De hecho su abogado, Luis Felipe Utrera Molina confima a ABC que está «confiado» en que el Alto Tribunal estime sus reclamaciones. Por el momento, y pese a la confianza de La Moncloa, la Abogacía del Estado no ha presentado sus alegaciones contra el recurso de los Franco. Tiene hasta el viernes para ello y se espera que en un plazo de unas dos o tres semanas pudiera haber una resolución que, en caso de dar la razón al Gobierno, podría incluso dar pie a que la batalla legal se internacionalizara y llegara hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.