El Gobierno quiere exhumar a Franco el 10 de junio y reinhumarlo ese mismo día en El Pardo

Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que da por concluido así el procedimiento para sacar al dictador de la basílica de Cuelgamuros y cumplir con las últimas modificaciones, impulsadas precisamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez vía decreto ley, sobre la ley de Memoria Histórica.

«Lo que nos corresponde como Gobierno es cumplir con una ley votada en el Parlamento y hacer realidad una modificación de la ley de Memoria Histórica», ha subrayado Calvo para defender la postura del Gobierno, que con su decisión contraviene la voluntad de los familiares de Franco, que desde el primer momento se han mostrado en contra de la exhumación y que optaban, en caso de que se produjera, por la reinhumación en la catedral de La Almudena .

La vicepresidenta del Gobierno ha justificado la elección del lugar porque es donde ya reposa Carmen Polo. Además, ha argumentado que la decisión del Ejecutivo sobre la ubiación se ha debido a la insistencia de la familia en reinhumar los restos en La Almudena, que Calvo ha definido como «improcedente» por el informe de la Delegación de Gobierno de Madrid rechazando el lugar por motivos de seguridad y orden público.

Calvo ha justificado también la elección del 10 de junio por situarlo tras la cita con las urnas, aunque el Gobierno toma esta última decisión ya en periodo electoral.

En estos momentos solo un pronunciamiento del Tribunal Supremo con medidas cautelares podría paralizar el proceso . Calvo ha asegurado que esta decisión la debe cumplir «cualquier Gobierno» salvo que apruebe una norma que inhabilite la que lo hace posible. Es decir, si hubiese un nuevo Gobierno después del 28 de abril, una de sus primeras medidas debería ser un Real Decreto que modificase el aprobado por Sánchez en caso de que se quisiera impedir la exhumación.

Calvo ha confiado en que la Iglesia ya ha manifestado que «no se opondrá a la exhumación». Y ante el rechazo del Prior de El Valle de los Caídos ha contestado que el Gobierno tiene «instrumentos más que suficientes para ejecutar los acuerdos del Consejo de Ministros».

Toda la seguridad que ha mostrado la portavoz del Gobierno a la hora de realizar el anuncio contrasta con la inseguridad jurídica que plantea el proceso. A día de hoy, la exhumación de Franco está en manos del Tribunal Supremo, instancia judicial encargada de dictaminar si atiende o no la petición de la familia del dictador, que la semana pasada presentó un recurso para pedir medidas cautelares que suspendan el proceso.

En el punto actual, cuando el Gobierno ya ha puesto fecha a la exhumación de Franco pese a que el Supremo no ha resuelto la disputa, cobraría sentido que el Alto Tribunal pudiera dictar la paralización del procedimiento porque apreciara un riesgo potencial de dañar a una de las partes antes de la resolución judicial.