El Gobierno considera «allanado» el camino para desmantelar los ayuntamientos de ANV

Fuentes gubernamentales consultadas por ABC reconocen que existía cierta preocupación en Moncloa ante la sentencia, ya que un posicionamiento en contra de los intereses del Estado hubiera dado un balón de oxígeno a ETA-Batasuna, que lo utilizaría para exhibir su imagen victimista frente a un «régimen opresor». De ahí que el Ejecutivo hubiera suspendido cualquier posibilidad de emprender acciones contra los ayuntamientos de ANV a la espera del veredicto. «Dos reveses internacionales, y encima a favor de ETA, hubieran dañado la imagen de España, cuando los terroristas están más aislados que nunca».

La decisión del Tribunal de Estrasburgo, por tanto, tiene proyección, ya que el Gobierno se siente respaldado por Europa en su política de «no dar cuartel ni a ETA ni a sus grupos cómplices».

Política de ilegalización

Y es que, aunque la sentencia se refiere exclusivamente a Batasuna, en medios gubernamentales están convencidos de que sienta las bases para que en su momento se confirme también la ilegalización de ANV y PCTV cuando el Tribunal de Derechos Humanos se pronuncie sobre sus respectivos recursos. Así pues, el Ejecutivo cree que Europa avala la política de ilegalizaciones emprendida contra las formaciones que se han sometido a la estrategia de ETA.

El camino allanado, sin embargo, presenta algún obstáculo, ya que un sector del Gobierno, aunque de acuerdo con el razonamiento de que ANV sirve a los intereses de ETA, sería partidario de aguantar, ya que, al fin y al cabo, sostiene, se ha superado el ecuador de la legislatura. Este sector esgrime que un desmantelamiento de las corporaciones locales controladas por la antepenúltima marca electoral de ETA abriría al Ejecutivo un nuevo «frente de conflicto». Y pone a modo de ejemplo municipios como Hernani, Usúrbil, Oyarzun, Lezo o Elorrio, donde tradicionalmente se ha impuesto el rodillo de la denominada «izquierda abertzale». Allí, la constitución de gestoras, añade, sería prácticamente inviable, ya que estarían sistemáticamente sometidas al boicot por parte de la mayoría filoterrorista. Recuerdan, por ejemplo, que en las municipales de 2007 el Tribunal Supremo ilegalizó la candidatura de ANV en Ondárroa, uno de los feudos emblemáticos de ETA. Fue tal la presión de los filoetarras que los concejales del PNV y EA dieron la espantada y hubo de crearse, no sin problemas, una gestora. Es decir, concluye este sector, habría que sondear cuál sería la actitud del PNV, segunda fuerza política en los actuales feudos de ETA-Batasuna, y no parece que el partido de Urkullu esté por la labor.

Por el contrario, el sector partidario de «ir a por todas» contra los últimos reductos institucionales de ETA argumenta que ya en 2003 se impidió a Batasuna concurrir a las municipales «y no pasó nada», salvo incidentes aislados en la constitución de las corporaciones. Este sector, al que no es ajeno el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sostiene además que Europa no entendería que tras el aval del Tribunal de Estrasburgo a la ley de Partidos, una formación ilegal como ANV siga gobernando en más de cuarenta municipios.

Lo que sí parece es que hay unanimidad en el criterio de que proceder al desmantelamiento de los ayuntamientos gobernador por ANV se ajustaría a la actual legislación. Esta formación instrumentaliza las corporaciones para ponerlas al servicio de la estrategia de ETA. Ello pese a que tácticamente los cargos electos ocultan en sus «zulos» las siglas ANV y se parapetan en la denominación«izquierda abertzale», aprovechándose de un auto dictado durante el «proceso de paz» por el magistrado Baltasar Garzón, que aseguraba que «no toda la izquierda abertzale es ETA».

Hay ayuntamientos de ANV, como Hernani o Elorrio, que tienen, además de una comisión encargada de subvencionar y dar apoyo a los familiares de presos de ETA, otra dedicada en exclusiva a los propios reclusos e incluso a los prófugos de la Justicia. Entre sus cometidos se incluye recabar datos sobre su situación y «el nivel de violación de sus derechos».