El Gobierno se asegura el control de la Fiscalía para «desjudicializar» el «procés»

Sí es cierto que salvado el escollo del Ministerio de Justicia, se esperaba una sorpresa al frente de la Fiscalía -una propuesta que corresponde al Ejecutivo-, pero el nombre de Delgado nunca había estado en ninguna quiniela. Sencillamente porque no era previsible que el partido que sustenta al Gobierno de la Nación, el PSOE, pusiera al frente del Ministerio Público a un comisario político cuando consideraba que el nombramiento de un magistrado del Supremo de la talla del fallecido José Manuel Maza no iba a garantizar la independencia de la Fiscalía . Tampoco se esperaba que el otro de los partidos del gobierno de coalición, Podemos, aceptara la propuesta de nombramiento de quien hace solo quince meses el propio Pablo Iglesias decía lo siguiente. «Hay que alejar de la vida política a cualquiera que mantenga amistad con los representantes de las cloacas (...). Todo lo que representa el mundo Villarejo es suciedad y basura y cualquier político que se mezcle con eso debería alejarse de una función pública, que debe ser noble».

La salida de María José Segarra se daba por hecha tras su impermeabilidad a las presiones ante el desafío soberanista. También era evidente que le sustituiría un juez o fiscal progresista con una mayor receptividad ante la nueva política criminal que quiere imponer el Gobierno en su nueva relación con Cataluña. De ahí que se pusieran sobre la mesa perfiles capaces de asumir un papel similar al que tuvo Cándido Conde-Pumpido durante la tregua de ETA, alguien capaz de «mancharse la toga con el polvo del camino». Pero que tuviera el respeto de la carrera fiscal. De ahí que nombres como el de Pedro Crespo, fiscal de sala del Supremo, estuviera en la mesa del Ejecutivo como uno de los mejor valorados.

«Pero, ¿quién que no tenga nada que perder es capaz de tirar su carrera por la borda con lo que nos va a tocar ver?», reflexionaba ayer un fiscal en conversación con ABC. «Solo una persona que defiende a Pedro Sánchez con la vehemencia de un hooligan, una fiscal que da mítines políticos, puede ofrecerse para hacer un trabajo sucio».

Y es que la maniobra del Gobierno es perfecta para completar la cuadratura del círculo que supone la «desjudicialización» de la política por la que aboga el nuevo gobierno de coalición, una maniobra con la que se asegura el control político del órgano encargado de la defensa de la legalidad y de velar por la independencia de los jueces. Un puzzle en el que todas las piezas tienen en común una militancia política.

La vinculación partidista de Delgado es incuestionable. No solo porque sale directamente del Ministerio -algo que no sucedía desde 1986, cuando Felipe González situó al frente de la Fiscalía General a Javier Moscoso-, sino porque se ha fajado en un papel muy intenso en actos del PSOE. De hecho fue elegida diputada en las dos últimas citas electorales. Ahora tendrá que abandonar el escaño desde el que ha abroncado al PP al recordarle el caso Gürtel . El escaño del partido al que pertenecen los condenados de los ERE que, como los de Gürtel, también tienen puestas todas sus esperanzas puestas en el Alto Tribunal en sendos recursos de casación. Y la Fiscalía tiene algo que decir.

Como también tiene un papel relevante en casos pendientes de juicio, y flecos de los ya juzgados, relacionados con el órdago independentista. Asuntos en los que la Fiscalía se ha mantenido firme en el cumplimiento de la ley y en los que el Ministerio ha tenido que recurrir a la Abogacía del Estado para forzar lo que el Ministerio Público se negó a hacer. La jugada es maestra para esa «desjudicialización» del «conficto político» que previsiblemente se verá en los próximos meses dentro y fuera de España en casos como el juicio a Trapero, la entrega de Puigdemont y Comin, permisos penitenciarios de los ya condenados por el «procés», la negativa de Torra a dejar su escaño o la desobediencia en la que incurra la Mesa del Parlament que preside ahora Roger Torrent.

Las asociaciones de jueces y fiscales coincidieron ayer en mostrar su preocupación ante la imagen de politización de la Fiscalía que este nombramiento supone . Desde Franciso de Vitoria lo tildaron de «insólito y lesivo», mientras que a juicio de la Asociación de Fiscales «es una manera muy clara de indicar que el Gobierno quiere tener sometida a la Fiscalía». La Unión Progresista de Fiscales, la asociación de la exministra, le da un voto de confianza.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, negó el evidente intento de control del órgano: «En ningún momento hemos pretendido eso» y la nueva portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, reconoció que las críticas a Delgado se basan «en una cuestión de apariencias». Concedió que el nombramiento haya podido coger por sorpresa al cuerpo de fiscales, pero también advirtió de que esta propuesta de nombramiento «no es reversible» porque el Ejecutivo está decidido en esta elección porque «no se puede perder talento». La Fiscalía no va a perder «ni un ápice» de independencia, proclamó.

El líder de los populares, Pablo Casado, ya ha anunciado que en cuanto se oficialice el nombramiento, el PP presentará un recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo al considerar que vulnera la imparcialidad e independencia que proclama el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.