La Generalitat se queda atrapada en un discurso vacío y sin respuesta efectiva

Torra comparecerá ante el Parlamento de Cataluña, mañana por la mañana, para dar su opinión sobre la sentencia del Supremo. Una comparecencia parlamentaria –a petición propia– que se resolverá sin una votación. Un acto político y propagandístico para ganar tiempo e intesinficar la presión mediática un día antes de la huelga general (viernes) convocada por el sindicato cercano a la CUP y que confluirá con las marchas independentistas que empiezan hoy desde varios puntos de Cataluña. La acción política va en paralelo a las revueltas callejeras.

Además de dar su opinión en el Parlamento autonómico, Torra pedirá una «amnistía» para los nueve condenados con prisión por el 1-O. Así lo acordó el gobierno catalán en una sesión extraordinaria celebrada este martes. El objetivo es que los líderes del «procés», condenados por sedición, sobre todo, queden «en libertad» lo antes posible . Ayer, tras la reunión del ejecutivo autonómico, su portavoz, Meritxell Budó, no concretó la vía para pedir una «amnistía» que, por otro lado no tiene recorrido constitucional, y que en el Gobierno de España se considera «inconstitucional».

Demostrando su improvisación –recordando, en parte, la situación que se dio el 27 de octubre de 2017 tras la declaración unilateral de independencia–, el gobierno catalán también enviará distintas cartas al extranjero explicando la sentencia y posición de la Generalitat. Torra lo hará a los presidentes y primeros ministros de los países de la Unión Europea (UE) , del G-20 y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) y el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch, enviará misivas a los ministros de exteriores de aquellos países. Además, desde el ejecutivo autonómico se remitirá a la prensa internacional un dosier con un contenido similar adaptado para los medios de comunicación.

Otra «respuesta», según informó Budó ayer, será la de iniciar una gira por Europa, por parte del propio Bosch, para intentar obtener complicidades políticas en el continente. Una tarea que, hasta la fecha, se ha resuelto con un claro fracaso diplomático para el nacionalismo.

Para poder compaginar las protestas en la calle con la propaganda política, todos los consejeros de Torra anularon los actos de sus agendas para toda la semana. El gobierno catalán solo participará en actos de «rechazo a la sentencia» hasta el viernes y el presidente de la Generalitat se sumará a la última campaña de Òmnium Cultural, que consiste en «autoinculparse» por la sentencia del Supremo.

Este martes por la tarde, Torra, Budó y otros miembros del gobierno catalán acudieron a la cárcel de Lledoners (Barcelona) para reunirse con los condenados internados en esta prisión, como Oriol Junqueras. Y Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, visitó a Carme Forcadell en la prisión de Tarragona. Cárceles cuyas llaves están en manos de la Generalitat. Torra sigue en la retórica vacía. A la espera de una «respuesta».