La Generalitat busca intoxicar a países europeos con informes manipulados

En este contexto, el pasado 31 de agosto, el «ministro» de Asuntos Exteriores catalán, Raül Romeva , remitió a «un limitado círculo de contactos» de distintos países europeos un correo electrónico en el que les informaba de que durante el mes de septiembre les enviaría semanalmente informes realizados por profesores de universidades europeas. Según explicaba, el objetivo es ofrecerles «información oportuna y fiable sobre el marco político en el cual se va a celebrar la consulta». Muy al contrario, el primer informe incluye numerosas inexactitudes, imprecisiones y, directamente, falsedades : llega a afirmar la existencia de un supuesto «proceso de negociación entre Cataluña y el Gobierno de España desde el restablecimiento de la democracia en 1977». A continuación, critican a los sucesivos gobiernos de España y les acusa de haber «renunciado gradualmente al acomodo de las demandas del territorio catalán».

Ese primer informe remitido al selecto club de destinatarios ha sido coordinado por el profesor de la Universidad de Ginebra , Nicolás Levrat, y en el que han participado Sandrina Antunes, profesora de la Universidad de Minho; Guillaume Tusseau, profesor de la Univesidad de Ciencia-Po en París; y Paul Williams, de la Universidad de Washington, DC.

Redactado en inglés y con un total de 160 páginas, el documento es una sucesión de argumentos para defender la legalidad de la consulta desde una perspectiva internacional. Los expertos contratados por la Generalitat afirman que la legislación europea no prohíbe la celebración del referéndum y llegan a afirmar que sí reconoce el derecho a decidir. «La ley europea no prohíbe el ejercicio del derecho de autodeterminación para los europeos dentro de la Unión Europea. Incluso, hay numerosas disposiciones del Tratado que indican que si tal derecho fuera a ser ejercitado, la Unión Europea reactivaría su candidatura de Estado europeo para unirse a la UE», reza el punto quinto de estas conclusiones.

Además, insisten en que desde una perspectiva internacional «parece claro que no hay una prohibición legal que impida a una entidad subestatal decidir su destino político , por medio de la consulta a la voluntad de la gente. Tanto la jurisprudencia, como la práctica estatal, apoyan esta conclusión». Ya en el ámbito europeo, aseguran sin dar nombres que «los Estados miembros han reconocido a entidades subestatales que evaluaron la voluntad política de su gente y decidieron su independencia».

Así, los profesores universitarios plantean el conflicto político en términos de un choque entre el imperio de la ley y la legitimidad democrática y arguyen que ambos «necesitan estar reconciliados». Si ello no es así -advierten-, «si las autoridades nacionales deniegan el derecho de Cataluña a negociar su derecho a decidir dentro del marco de la política española», entonces, a las autoridades catalanas sólo le queda la «llamada al referéndum de autodeterminación» .

Todas estas argumentaciones políticos y jurídicas terminan en la petición a las autoridades europeas para que abran un proceso de negociación. «Ello implicaría la participación de las instituciones comunitarias, lo que consideramos posible en la perspectiva de esta negociación, implicando a España en la búsqueda de una solución de soberanía restringida para Cataluña, como una parte de la UE».